Lo que podría parecer el hallazgo de una fosa clandestina se trata en realidad de un entrenamiento de peritos y fiscales mexicanos en el Centro de Antropología Forense de la Universidad de Tennessee, en un lugar conocido como la “granja de cuerpos”. Ahí hay hasta 300 cuerpos humanos en avanzado estado de descomposición que fueron donados para que grupos como este puedan aprender las mejores técnicas de identificación de fosas y de víctimas.
El día es soleado. El termómetro marca los 24 grados Centígrados en medio de las más de tres hectáreas de bosque que nos rodean. Sin embargo, hay algo que interrumpe el idílico paisaje: cientos de bolsas de plástico negro que cubren los cadávares a nuestro alrededor. El olor a putrefacción es penetrante a ratos, pero la vegetación también ofrece un alivio.
Por lo general, cuando reciben visitantes en la granja, la directora del Centro de Antropología Forense, la doctora Dawnie Wolfe Steadman, da algunas palabras de precaución, pero el grupo de forenses mexicanos no necesita tales advertencias.
Hoy en México hay más de 111 mil desaparecidos y más de 53 mil cuerpos o restos humanos no han sido identificados, una cifra que apunta no solo a una crisis de violencia, sino también forense. Muchos de los asistentes han participado en decenas de hallazgos de fosas comunes y lo que les sobra es experiencia, más no herramientas.
Desde 2018 el programa forense de la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos de Estados Unidos ha capacitado a 207 peritos, antropólogos forenses y fiscales mexicanos de toda la República para apoyar en la resolución de casos relacionados con personas desaparecidas y restos no identificados mediante las técnicas más avanzadas de investigación.
Reto
Para José Alberto Hernández, perito de la Fiscalía de Guerrero, este tipo de entrenamiento es importante “porque nos actualiza en temas de excavación forense y Estados Unidos representa los más altos estándares en las ciencias forenses, por lo que el objetivo es estar homologados”.
En este lugar la muerte se asemeja lo más posible a la realidad que enfrentan los investigadores mexicanos todos los días. Los cuerpos son sumergidos en agua, quemados, fracturados, heridos con armas de fuego, enterrados en medio del bosque o hasta encerrados en cajuelas de automóviles para aprender más sobre cómo se descomponen los cadáveres en diferentes condiciones.
Pero para muchos de estos investigadores el mayor reto sigue siendo otro: la espiral de violencia. En un país donde las carpetas en las fiscalías o procuradurías tienen más de 95% de probabilidad de quedar impunes, el trabajo que aquí realizan puede convertirse en un rayo de esperanza para traer justicia a miles de familias. Y es que según registros hasta 2022 solo se han logrado 36 sentencias a nivel nacional por el delito de desaparición forzada. Sí, en un país con más de 111 mil desaparecidos.
Al menos 120 años le tomaría a nuestra nación analizar e identificar los cuerpos que han sido localizados en distintos puntos del territorio, según el Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas.
Una carrera contrarreloj que estos investigadores mexicanos intentan ganar.