Con el inicio de las precampañas los ciudadanos comenzaron a ser bombardeados con incesantes mensajes. Las leyendas que en los promocionales refieren que se trata de mensajes para militantes y simpatizantes de algún partido en realidad no limitan su envío a ellos.
Las precampañas están en marcha y junto con ellas surgen al menos tres elementos fundamentales en los que la clase política no ha querido o no ha podido establecer normas más claras.
Encuestas
Durante los meses por venir la cifra de encuestas que se harán públicas será amplia, al igual que incierto su contenido y nivel de credibilidad. El número de casas encuestadoras lleva sin duda a considerar la conveniencia de que se fije un parámetro para autorizar la realización de ese tipo de sondeos a fin de evitar las denominadas encuestas patito.
Y por supuesto la necesidad de que se precise con claridad, a la hora de difundir sus resultados, la fecha y el espacio territorial en que se aplicaron, así como el número de participantes.
Pero sobre todo establecer de manera precisa si ese número puede considerarse realmente representativo de la sociedad.
Esto porque hay ejercicios que se realizan con un número limitado de participantes, por debajo de los cinco mil, cuyos resultados tratan de ser vendidos como un evidente referente del sentir de una comunidad conformada por al menos un millón de personas. Además de que no precisan la zona económica o social en la que se realizaron los ejercicios.
Redes sociales
Los mensajes en redes sociales donde se trata de proyectar un apoyo generalizado por parte de todos los contendientes, que está lejos de existir en los hechos.
Ciertamente México es un país donde priva la democracia y por ello las decisiones en materia electoral se toman con base a la determinación de las mayorías, pero de ninguna forma la influencia de las redes sociales puede sobredimensionarse.
Esto por el simple hecho de que no todos los ciudadanos están involucrados en el desahogo de la agenda política y por tanto muchas de las confrontaciones y pretendidos apoyos en redes sociales deben considerarse como una expresión más del ánimo social, alentado mayoritariamente por los actores de la esfera política.
Resulta evidente que muchos ciudadanos no utilizan las redes sociales ni están inmersos en el debate que se desarrolla en esos espacios. Por amplios que quieran considerarse esas discusiones o debates, es claro que se dan la mayoría de las veces entre seguidores de los candidatos o partidos políticos.
Y no en pocas ocasiones alentados por la operación de esquemas paralelos, que como los bots enrarecen el ambiente.
Lo evidente es que por más peso que se pretenda otorgar a los pretendidos influencers, están lejos de ser un factor determinante.
Sin embargo, es otro campo donde se hace obligado establecer normas que permitan regular su uso. Porque por más que se insista, el número de ciudadanos que por iniciativa propia participan por esa vía en la discusión de la agenda política, es mínimo.
Los mensajes
Otro aspecto que es necesario clarificar y normar con mayor severidad es el contenido y estructura de los mensajes que se emiten, donde por ejemplo la palabra alusiva al cargo aparece en letras grandes, en tanto que en letras minúsculas y en ocasiones poco perceptibles se aclara que solo son candidatos o aspirantes.
Y con ello se busca impactar en la percepción del elector al emitir un mensaje confuso y discordante con la realidad.
La propaganda política debe ser clara y precisa, pero al momento es evidente que los estrategas usan al máximo los recovecos legales que tienen a su alcance para mantener un esquema que hasta el momento les ha resultado de alguna forma redituable. Sin embargo, lo deseable sería que las normas en la materia fueran revisadas y en su caso ajustadas.
De cualquier forma, ante este panorama es evidente que como autoridad en la materia tanto el INE como el TEPJF, en el plano nacional, así como sus pares en la esfera estatal, tienen ante sí una enorme tarea.
En tanto que los ciudadanos, como votantes potenciales, tendrán sobre sí en los próximos seis meses un incesante bombardeo de mensajes, donde no habrá quien deje de asumirse como ganador de una contienda que habrá de definirse hasta que el último de los votos emitidos en las urnas el 2 de junio de 2024 sea contado.