Sin duda, en México vivimos días de tensión. Impactantes, por los niveles de desafío que presenta la delincuencia organizada. Destaca, por supuesto, el doble homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, que rebasa por mucho el difundido lugar común de que se trató de “un mensaje”: se trata de un episodio que desafortunadamente marca un antes y un después, tanto para el gobierno de la capital del país como para el federal.
Al momento de redactar este artículo los avances en la investigación son importantes. Se tomó una acertada decisión respecto de no dejar largos periodos sin informar a propósito de los avances en las investigaciones por parte de las autoridades de la Ciudad de México.
Tal y como también lo hace la Secretaría de Marina-Armada de México mediante comunicados para dar a conocer el estatus de los peritajes en el muy desafortunado accidente del Buque Escuela Cuauhtémoc en Nueva York.
Ambos procedimientos obstaculizan, al menos, la irrupción en los medios convencionales y digitales de suposiciones, especulaciones e incluso insidias respecto del ambiente que rodeó a los dos eventos.
Volviendo al caso de los homicidios de alto impacto en la Ciudad de México, además de los comprensibles e inmediatos impactos mediáticos, también ilustran de mala manera que la presencia de las organizaciones criminales en la capital del país es una realidad y se debe actuar en consecuencia.
En efecto, en los meses y semanas recientes la Secretaría de Seguridad citadina, en coordinación con las instituciones del gobierno federal enfocadas a las dimensiones de la seguridad, como son de manera destacada las de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Fiscalía General de la República, han afectado sustancialmente los intereses de las organizaciones criminales y detenido a importantes cabecillas.
Repercusiones
Sin embargo, en ese complejo contexto, de nueva cuenta el titular del Departamento de Estado norteamericano Marco Rubio, señaló que la violencia política en México es una realidad y, por lo tanto, reiteró el ofrecimiento de la ayuda de Estados Unidos para contener y combatir a las organizaciones criminales de México (cárteles). Aunque sin especificar el tipo de “ayuda”, sin duda alguna se refiere a la posibilidad de que desde su país se envíen tropas regulares de las Fuerzas Armadas a territorio mexicano con el objetivo de combatir a la delincuencia, sobre todo a la que se dedica a la producción y tráfico de drogas sintéticas.
Recordemos que ya hay seis estructuras criminales mexicanas formalmente calificadas como Organizaciones Terroristas Internacionales (FTO), que no son narcoterroristas, pero que con esa denominación y conforme a las leyes estadunidenses su persecución y combate puede hacerse incluso fuera de su territorio.
De ahí el muy reiterativo, oportuno, pero peligroso pronunciamiento del jefe del Departamento de Estado a propósito de lo sucedido el martes 20 de este mes en la Calzada de Tlalpan. Así que las repercusiones internacionales del cobarde asesinato de los funcionarios del gobierno de la Ciudad de México llegan hasta la Casa Blanca.
Aunque la posibilidad de una intervención militar directa desde Estados Unidos en nuestro suelo patrio es por completo remota, no lo es en cambio el incremento de las presiones del gobierno de Donald Trump para la obtención de ganancias en el comercio binacional. Ya viene, para muy mal, el aumento de 5% de impuestos a las remesas, tal y como apunté en la entrega anterior.