El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) enviaron un mensaje más que claro: México es un país de leyes y quienes ejercen la política o algún cargo público, por más encumbrado que sea, no están al margen de la ley.
Aquella expresión del presidente Andrés Manuel López Obrador de “no me vengan a mí con el cuento de que la ley es la ley” quedó superada por su reacción al aceptar la determinación de la autoridad electoral y pone en evidencia su apego al Estado de Derecho.
Sin embargo, sus expresiones de inconformidad por lo que considera una violación a su libertad de expresión obligan a evaluar el hecho de que cuenta con un criterio diverso al de la autoridad electoral. Eso es válido, pero hay vías para tratar de revertir los señalamientos y determinaciones futuras.
De entrada, al amparo de las normas vigentes, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, luego de revalorar el recurso interpuesto por orden del TEPJF, determinó que el presidente debe abstenerse de emitir señalamientos, opiniones y comentarios violentos sobre los derechos políticos de personas, en el caso de Xóchilt Gálvez, en particular, y en general de cualquier mujer.
Esta situación obliga a considerar que por más que insista en el respeto a sus garantías individuales, al igual que cualquier otro ciudadano no puede estar por encima o al margen de la ley. Es un principio básico que se refuerza como premisa desde el momento en que al asumir el cargo de presidente juró cumplir y hacer cumplir la Constitución mexicana y todas las leyes que de ella emanen.
Tanteo
La lógica más elemental indica que desde la mañanera López Obrador tanteó el nivel de tolerancia de la autoridad electoral. Pensó que con el cambio en la presidencia del INE y la incorporación de otros tres consejeros afines tendría un margen más amplio de maniobra. Pero no es así. En principio la Comisión de Quejas y Denuncias se había mostrado laxa y hasta cierto punto consecuente, pero los ministros del TEPJF se encargaron de reorientar el rumbo de su determinación y le recordaron que las leyes se aplican. Pueden tener un margen de interpretación, pero a fin de cuentas lo escrito en ellas debe cumplirse. Por más que se piense que siempre hay una forma de burlar lo establecido, hay casos en los que, simple y sencillamente, la ley sí es la ley.
Ante este panorama, el presidente se quejó de la resolución y negó haber cometido violencia política de género contra Gálvez. Acusó que los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE alteraron sus expresiones para sancionarlo.
En lo inmediato falta ver si López Obrador acata las indicaciones del árbitro electoral; si encuentra el recoveco legal para continuar adelante con sus expresiones, quizá matizadas; o si en todo caso termina por seguir de frente a pesar de las sanciones de que pudiera ser objeto.
Por el momento, con la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias queda claro que en esa instancia habrá cero tolerancia para cualquier político, sin importar su posición o ideología.