Los procesos internos de selección de los candidatos, a querer o no, han venido a modificar el panorama electoral. En los hechos el árbitro electoral no tuvo más remedio que avalar su desarrollo y establecer de manera emergente lineamientos que deben seguir los participantes.
Sin embargo, lo evidente es que en el mediano plazo la clase política en general, y en particular los partidos y el Legislativo, deben enfocarse en la tarea de ajustar las normas electorales para que los procesos que se realicen a partir de 2025 prevean esta modalidad de procesos de selección interna, que al momento se realizan antes del inicio del calendario oficial del proceso 2024.
La evolución del sistema electoral nacional ha sido constante a lo largo de la historia reciente. En concreto desde 1989. Se han establecido normas y procedimientos en busca de la legitimización del sistema electoral y los ajustes han contribuido a su perfeccionamiento.
Un recuento
En términos generales, la elección de 1988 llevó a desconfiar del proceso electoral y el esquema electoral se tuvo que modificar. La operación de los consejos electorales pasó a la historia.
El 15 de agosto de 1990 se emitió el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se creó un nuevo IFE y el Tribunal Federal Electoral (Trife); el panorama electoral se modificó para dar pasó a un México con mayores niveles de democracia. En 1993 se eliminaron los colegios electorales y el sistema de autocalificación para dar paso a criterios jurídicos a cargo del Trife. En 1996 se estableció un sistema integral de justicia electoral.
Las modificaciones constitucionales en materia electoral se aprobaron por unanimidad tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
En términos generales se hicieron reformas a la Constitución, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Código Penal Federal y se creó la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
En suma, es claro que a lo largo de la historia el proceso electoral mexicano ha evolucionado y se han ajustado las normas que lo rigen. Bajo las actuales circunstancias en las que Morena por un lado y el frente opositor por el otro desarrollan procesos previos de selección que llegaron para quedarse, la lógica más elemental apunta a la necesidad de que se realicen los ajustes necesarios al marco legal.
Lo de menos es quién presente la iniciativa; lo importante es ajustar la norma a la realidad, como ha venido sucediendo a lo largo de la historia. A fin de cuentas, la mexicana es una sociedad en evolución permanente y las leyes y normas electorales no pueden dejar de ser dinámicas.
Llegó el momento de realizar nuevos ajustes que respondan al momento y las circunstancias que vive el sistema político mexicano y que han sido aceptadas por la sociedad.
Por lo tanto, no queda más que concluir que la próxima Legislatura en particular, y en general los partidos políticos, tienen una tarea pendiente. Lamentablemente, a partir del movimiento y la efervescencia política, no es el momento, pero la tarea está ahí. La normatividad que rige el desarrollo de las elecciones debe ajustarse a la realidad.
Resulta indispensable que desde ahora se anote como uno de los principales pendientes de la próxima administración y de la LXVI Legislatura realizar los ajustes. Una tarea que, se realice o no con el consenso de todos los actores y partidos políticos, así como con la suma de todas las fracciones del Congreso de la Unión, es inaplazable.