Fue una sesión de más de 24 horas que comenzó el 25 de abril al mediodía. Difícilmente alguien puede pensar con claridad a lo largo de una jornada ininterrumpida tan prolongada. Los diputados, además, debían actuar con conocimiento y precisión al legislar una serie de leyes muy complejas.
Se les ordenó, sin embargo, aprobar en ese lapso varias iniciativas relevantes que tendrán consecuencias muy importantes en el futuro de la nación. Con esas prisas, no obstante, era imposible hacerlo de manera inteligente.
Los líderes de la Cámara de Diputados, sin embargo, quisieron quitarles a los legisladores la molestia de pensar: todas las iniciativas tenían que ser aprobadas en fast track, por la vía rápida, con dispensa de trámites, sin dictámenes, sin discusión, incluso sin conocer el contenido.
Durante esa prolongada jornada se ejerció el mayoriteo de los partidos de gobierno que los votos en contra de la oposición no pudieron evitar. Se buscó cumplir con la agenda del presidente López Obrador, quien se encontraba afectado por Covid-19.
La mayoría oficialista extinguió el INSABI y lo reemplazó con el IMSS-Bienestar, acabó con la Financiera Rural, militarizó el espacio aéreo, ofreció en perpetuidad vías ferroviarias al Ejército, decidió que la Secretaría de la Función Pública debe hacer compras gubernamentales sin por eso dejar de ser la institución que revisa esas compras, eliminó el Conacyt y decretó sustituir, en una nueva versión del consejo, a los científicos por burócratas nombrados por el gobierno. Además, como señaló el diputado Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, “se robaron 17 mil millones de pesos para el Tren Maya”.
No dudo que alguna de estas iniciativas tenga aspectos positivos, pero la decisión de meterlas todas a la fuerza, sin cumplir con los requisitos de ley, sin someterlas a un dictamen, sin discutirlas con la oposición, sin obtener las opiniones de especialistas, sin siquiera permitir que se leyeran, no puede tener más que pésimos resultados. Este ha sido un desplante de autoritarismo que no se veía ni siquiera en los tiempos del viejo PRI.
Receta
Los daños de legislar al vapor suelen ser considerables. Se generan leyes que son inconstitucionales, que terminan por ser rechazadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) o que tienen que ser modificadas poco tiempo después. Esto ocurrió, por ejemplo, con la legislación de 2019 que extinguió el Seguro Popular y constituyó el INSABI, que apenas comenzó a funcionar el 1 de enero de 2020. Hoy, a solo tres años y tres meses, ya los diputados han aprobado legislación para eliminarlo.
Afortunadamente la lucidez no ha desaparecido completamente del Congreso de la Unión. El senador Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, declaró el 26 de abril que las iniciativas aprobadas en vía rápida por los diputados no necesariamente gozarán también de fast track en la cámara alta. El Senado “actúa como cámara revisora, debe hacerlo con responsabilidad, pensando en el beneficio de la población y del país”. Habrá que ver si puede cumplirlo.
La verdad es que ninguna de las reformas es tan urgente que necesite dispensa de trámites. Los líderes de Morena y sus partidos aliados en la Cámara de Diputados, sin embargo, reaccionan como si cada iniciativa de Presidencia fuera una orden divina que debe ejecutarse de inmediato.
Esta forma de actuar ha sido una de las razones que llevaron a legislar mal en el pasado. Es mejor hacer las cosas bien desde el principio; y en un sistema democrático lo ideal es hacerlo de común acuerdo con la oposición. Encerrarse en un recinto parlamentario durante más de 24 horas para aprobar leyes que ni siquiera se han leído es una receta para el desastre.