La presidenta Claudia Sheinbaum ha dedicado amplios segmentos de las últimas mañaneras a hablar de sus “Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias”. A pesar de que ha dicho y repetido que su propósito no es censurar, se ha visto obligada a regresar al tema una y otra vez.
Lo hace por las preguntas de los verdaderos periodistas que acuden a la mañanera, pero también por los cuestionamientos persistentes en los medios de comunicación. Los youtuberos e influencers que hacen las preguntas a modo en las mañaneras se unen al coro de la mandataria, pero la propia presidenta se da cuenta de que no ha logrado convencer a la población.
En la defensa de los lineamientos se han presentado muchas mentiras. La primera es que estos provienen de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), un órgano desconcentrado que depende directamente de la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones, la cual pertenece al Poder Ejecutivo y es encabezada por José Merino, uno de los funcionarios más cercanos a la presidenta Sheinbaum. Si bien la CRT ya no es autónoma, como su antecesor, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se supone que tiene cuando menos autonomía técnica. Pero los lineamientos no son técnicos sino políticos; por eso la defensa no ha corrido a cargo de la CRT, sino de la directora jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, y de la propia presidenta Sheinbaum.
El gobierno afirma que los lineamientos no son una forma de censura, pero los documentos aportan otros datos. Según la presidenta, los medios se autorregularán al crear su propio código de ética y nombrar a su defensor de las audiencias. Sin embargo, las decisiones finales sobre el código y sobre los fallos del defensor estarán en manos de la CRT, o sea, del gobierno federal.
Multas
En caso de que las emisoras no acepten las decisiones del régimen, podrán ser sancionadas con multas de ¡hasta uno por ciento de sus ingresos brutos por cada falta! Si una empresa tiene ventas por 15 mil millones de pesos anuales, por ejemplo, una sola multa podría ascender a 150 millones de pesos. Como la mayoría de las empresas de radio y televisión tienen utilidades muy pequeñas o registran pérdidas, estas sanciones pondrían en riesgo su viabilidad. Los lineamientos las obligarán a censurar a sus propios conductores y periodistas.
La prueba más clara de que estos lineamientos constituyen una forma de censura es el rechazo de la presidenta Sheinbaum a aplicarlos en su mañanera. La consultora SPIN de Luis Estrada documentó más de 100 mil mentiras o medias verdades en las conferencias de prensa de López Obrador. Ya nadie les ha dado este seguimiento puntual a las de la presidenta Sheinbaum, pero las falsedades han sido también muy numerosas. Aun así, la presidenta se niega a aceptar que se apliquen sus lineamientos a sus presentaciones. Sabe que esto le impediría expresarse con libertad. Por eso dice que quienes no quieran “no la vean”.
Esta solución debería aplicarse a todos. Si el pueblo es sabio, como sostiene la 4T, entonces debe tener capacidad para decidir. Pero la presidenta piensa que el público no puede elegir qué ver o escuchar en radio o televisión sin el apoyo de un defensor de las audiencias, mientras considera que sí tiene capacidad para sintonizar o no la mañanera.
Pretende imponer normas a los demás sin aceptarlas para ella misma. Por eso podemos concluir que su propósito no es proteger los derechos de las audiencias, sino censurar a los medios que la critican.