El final de 1906 y el comienzo de 1907 en Puebla y Veracruz se tiñeron de un cariz diferente al habitual: lejos de ser un momento de festividades, para los obreros y textileros de la región estos meses marcaron el inicio de un arduo camino de lucha y reivindicaciones laborales.
Dentro de un periodo conocido por sus desigualdades pronunciadas y tensiones sociales crecientes, dichos sujetos se encontraron en el epicentro de un conflicto que definiría un capítulo crucial en la historia laboral de México.
A medida que el año se acercaba a su fin los trabajadores de la industria textil empezaron a sentir el peso de diversas injusticias y medidas represivas impuestas por sus patrones. La prolongación de las jornadas laborales sin compensación adecuada, la imposición de nuevas multas, la prohibición de recibir visitas en sus propios hogares e incluso la restricción de acceso a la información al prohibirles leer periódicos eran algunas de las condiciones que soportaban día a día.
Tales medidas no eran aisladas, sino que en parte se debían al temor y la respuesta de los patrones al reciente movimiento anarquista liderado por los hermanos Flores Magón, que había ganado fuerza en la región.
La tensión llegó a un punto crítico cuando los trabajadores, hartos de los abusos, decidieron tomar una postura firme al organizar una huelga. Como respuesta, el 24 de diciembre las fábricas cerraron sus puertas. Este cierre, lejos de ser un gesto de reconocimiento hacia las demandas laborales, fue una suspensión de actividades hasta nuevo aviso, dejando a los trabajadores en una situación aún más precaria.
Brutalidad
Con el inicio del nuevo año la situación se agravó. El presidente Porfirio Díaz, en un intento de terminar con el conflicto, emitió un laudo con nueve cláusulas que no hizo nada para resolver las problemáticas de los obreros. El comunicado incluía tanto promesas vacías como amenazas directas. Este decreto estableció que las fábricas reabrirían el 7 de enero y que los trabajadores debían reincorporarse, sin ninguna mejora significativa en sus condiciones laborales.
Los obreros, sin embargo, no estaban dispuestos a aceptar pasivamente esta situación. El 7 de enero los trabajadores de la fábrica de textiles de Río Blanco se alzaron en protesta. Lo que comenzó como una huelga se transformó en un acto de rebeldía contra todo un sistema. Incendiaron las tiendas de raya —establecimientos donde los peones eran forzados a comprar productos a precios inflados— y liberaron a presos de la cárcel local. Esta revuelta representó un grito desesperado por la justicia y un rechazo frontal a la explotación laboral.
La respuesta del gobierno fue desproporcionada y brutal. Frente a la incapacidad de la policía montada para controlar la situación se desplegaron tropas federales. Estas, sin previo aviso ni intento de negociación, abrieron fuego contra la multitud de trabajadores y, en un acto de violencia indiscriminada, también contra civiles inocentes.
El resultado fue una masacre que marcó un trágico final para el movimiento obrero en ese momento.
Los relatos sobre el número de víctimas varían, pero se habla de centenares de muertos, un testimonio mudo de la brutalidad del conflicto. Pasarían unos pocos años más para que comenzara la Revolución Mexicana, un movimiento que, entre sus múltiples causas y consecuencias, buscaría abordar las profundas problemáticas laborales y las desigualdades que habían llevado a los trabajadores de Puebla y Veracruz a levantarse en busca de una vida más justa.