Persisto en el tema de las recientes entregas: México es programa de gobierno en Estados Unidos. No solo tenemos la acechanza e investigaciones a personalidades mexicanas de la política y los negocios como explícitos objetivos del Departamento de Justicia y de las agencias civiles de seguridad e inteligencia, sino que también se encuentran boicots a sectores del comercio binacional de primer orden, como es la exportación de ganado, ahora suspendida por la declarada —aunque no comprobada por las autoridades sanitarias de ese país— plaga del gusano barrenador.
El representante del Partido Republicano, Jason Smith, presentó a inicios de la semana pasada una iniciativa para gravar el envío de las remesas desde su país a México. El monto propuesto es de 5%, con lo cual se sumaría al vigente 20%, para llegar a la estratosférica cantidad de 25% por pago de impuestos a cada envío de una o un trabajador mexicano residente en Estados Unidos; es decir, pagarían una cuarta parte de sus ingresos solo de impuestos, además de las comisiones que los bancos cobran por este tipo de transacciones.
Desde hace varios años, los principales ingresos internacionales de nuestro país, son las remesas de millones de mexicanos en EU.
Por supuesto que los efectos para las familias que reciben los envíos de sus seres queridos son graves, puesto que esos envíos se verían disminuidos y ello sería negativo para la dinámica del mercado interno ante el de por sí sombrío panorama para la economía mexicana en 2025.
La propuesta de Jason Smith ya avanzó en el proceso legislativo en el Capitolio; ahora pasará al pleno de la cámara baja, pues el dictamen ya se aprobó en las comisiones de trabajo.
Siendo, como sabemos, un Congreso plenamente subordinado a los designios del presidente Donald Trump, lo más probable es que la aplicación de 5% adicional de impuestos a las remesas se apruebe en las siguientes semanas.
Indagatorias
Desde luego que en la agitada agenda binacional las presiones procedentes de las autoridades del Departamento de Justicia y de las agencias de seguridad e inteligencia civiles de Estados Unidos tampoco dan tregua. El retiro de la visa de turista a la gobernadora de Baja California y a su esposo, y poco antes también al alcalde de Matamoros y varios de sus colaboradores, nos coloca en una situación inédita.
Conforme a mis investigaciones, es la primera vez en la historia que se aplica una decisión de esa naturaleza a una gobernadora o gobernador, pero sobre todo y muy relevante, de un estado colindante con Estados Unidos, como Baja California, donde también se ubica el paso fronterizo más transitado en el mundo.
Las indagatorias, como de costumbre en aquel país, han filtrado que hay una lista de hasta 44 personalidades que se encuentran en proceso de investigación y que ocupan o han ocupado cargos de primer nivel en las estructuras de gobierno locales y federal.
Para cerrar este apretado repaso de acontecimientos, acaecidos en tan solo una semana, está el sorprendente traslado vía terrestre de 17 integrantes directos de la familia de Ovidio Guzmán, incluyendo a su muy influyente madre, a la garita de San Ysidro, precisamente en Baja California. La polémica se profundiza, pues en caso de proponer una negociación con este cabecilla debemos recordar que en el primer operativo donde se le detuvo (17 de octubre de 2019) las autoridades judiciales de Estados Unidos pasarían por alto su propia legislación respecto de no llegar a acuerdos con integrantes de organizaciones internacionales terroristas.
Pero sobre todo, y como bien lo señaló el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Omar García Harfuch, dejarían de lado la muerte de diez soldados mexicanos que cayeron en cumplimiento de su deber en aquella ocasión.