Por décadas el sistema de justicia ha cargado con una deuda hacia las mujeres. Una deuda de indiferencia, de impunidad y de silencios que ha puesto en riesgo vidas. La violencia de género no se resuelve solo con tipificar delitos: se necesita un cambio de mirada.
En esa tarea ministras, magistradas y juezas han abierto sendas. Sus resoluciones se han convertido en precedentes que no solo protegen a una mujer, sino a todas. Enseñan que los tribunales pueden ser espacios de equidad y que la ley debe reconocer la realidad de quienes sufren discriminación.
Hoy la perspectiva de género no es un discurso, es una ruta obligada. La justicia no debe quedar en los códigos, sino hacerse vida en cada fallo, en cada sentencia y en cada decisión. Esa es la verdadera revolución jurídica que vivimos.
En este contexto, Eduardo Santillán sostiene una convicción clara: la justicia con perspectiva de género no puede quedarse en el discurso, debe sentirse desde el primer contacto con la víctima.Santillán tiene una larga trayectoria en la vida pública de la Ciudad de México, donde se desempeñó como alcalde de Álvaro Obregón y diputado local en dos ocasiones. Es licenciado en Derecho por la UNAM, donde además ha impartido clases de Derecho Parlamentario, Sistemas Políticos Contemporáneos y Poder Ejecutivo desde hace 26 años.
“La justicia no puede seguir siendo un cúmulo de expedientes insensibles; debe escuchar a las personas, sobre todo a las víctimas”, afirma Santillán, quien sostiene que el acceso real a la justicia comienza en el punto más inmediato del sistema: los juzgados cívicos. Es ahí, dice, donde el Estado tiene la primera oportunidad de responder con eficacia. “Tenemos que reforzar la justicia cívica, que es tal vez el primer escalón de la acción institucional contra la violencia hacia las mujeres. Cuando una mujer acude ante un juez cívico y manifiesta que es objeto de violencia, ahí tiene que sentirse la fuerza del Estado en la protección a la mujer”.
Contra la impunidad
Su diagnóstico es contundente: si la autoridad no actúa de inmediato la violencia escala. Por eso plantea fortalecer los juzgados de guardia para que operen las 24 horas del día y puedan dictar medidas de protección urgentes. “Si una mujer es objeto de un hecho de violencia, no solamente debe acudir ante el juez cívico, sino también ante un juez de primera instancia que pueda emitir órdenes de restricción, que son fundamentales para su seguridad”.
La propuesta no busca crear nuevas estructuras, sino hacer funcionales las que ya existen. Santillán considera que el verdadero cambio debe comenzar en lo local, donde las mujeres viven la violencia y donde, muchas veces, la ley no llega. “Debemos lograr que el sistema de justicia responda desde lo inmediato. No se trata solo de grandes reformas, sino de que la mujer que llega a denunciar sienta que alguien la escucha, que alguien la protege”.
Pero su planteamiento más directo apunta al corazón de la impunidad cotidiana. Santillán propone endurecer las sanciones contra los hombres violentadores, modificando las leyes de cultura cívica para incorporar arrestos más severos e inconmutables. “Debemos ampliar los arrestos; debe existir una figura en la cual puedan imponerse arrestos de hasta 15 días o incluso un mes, inconmutables, a hombres violentadores. Si hay una agresión física, el juez cívico debe tener la facultad de imponer sanciones que vayan más allá de las 72 horas”.
El planteamiento, aclara, no se basa en la venganza, sino en la prevención. Las sanciones más duras no buscan castigar con ira, sino enviar un mensaje inequívoco de que el Estado no tolerará ninguna forma de violencia. “La mejor manera de defender los derechos es ejerciéndolos”, afirma.
En un país donde la justicia suele llegar tarde, la prevención se convierte en la forma más urgente de justicia. Reforzar la justicia cívica y sancionar de manera efectiva a los agresores no solo fortalece la confianza en las instituciones: puede salvar vidas.
Eduardo Santillán pertenece a una generación de juristas que entienden que la justicia con perspectiva de género no se decreta: se construye con acciones. Porque cada expediente olvidado, cada denuncia ignorada y cada agresor que sale libre son también formas de violencia.