El cambio en el Poder Judicial de México ha sido radical. Durante décadas los juzgadores surgieron mayoritariamente de una carrera judicial. Hoy han nacido de un voto popular determinado directamente por los “acordeones” repartidos por el régimen.
La mitad de los juzgadores federales proceden ya de esas falsas elecciones en las que solo 13% acudió a votar, en las que quienes sufragaron solo llenaron la mitad de las casillas en las boletas y en las que quienes votaron eran solamente los partidarios del régimen. Los propagandistas del gobierno, especialmente los Servidores de la Nación, pidieron el apoyo del pueblo en esta votación para apoyar al “presidente” y a la “presidenta” que les entregan generosas ayudas sociales. Fue un voto escaso, pero comprado, y el propósito era muy claro: supeditar el Poder Judicial al Ejecutivo.
Los nuevos jueces, magistrados y ministros ya están en funciones. ¿Qué han mostrado en sus primeras decisiones? En primer lugar, y no sorprende, falta de conocimiento jurídico. No es lo mismo ser abogado que juez. De un plumazo se ha borrado buena parte de la experiencia acumulada durante décadas por los jueces de carrera. Los nuevos juzgadores toman decisiones sin conocimiento a fondo de las leyes y, sobre todo, de la jurisprudencia acumulada. No es algo que se pueda aprender de un momento a otro.
Otra cosa que han demostrado es el deseo de quedar bien con el gobierno. No sorprende. No solo se aseguró el régimen de que los jueces fuesen cercanos a su ideología y a sus funcionarios, sino que estableció un sistema, encabezado por el Tribunal de Disciplina, para castigar a quienes tomen decisiones que no sean las que el régimen quiere.
Costos
Las leyes también están siendo cambiadas. Se han modificado para que los contribuyentes que tienen discrepancias con las autoridades fiscales sean considerados no solo delincuentes, sino incluso miembros del crimen organizado.
Se han fortalecido los casos en los que quienes tienen una disputa con la justicia oficial sean sometidos a prisión preventiva oficiosa, lo cual significa castigarlos antes de ser juzgados.
A las personas y a los empresarios que tienen diferencias con el Sistema de Administración Tributaria (SAT), que son frecuentes, se les han cancelado las suspensiones, lo cual hace en términos prácticos que no gocen ya del derecho de amparo, algo inusitado en el mundo. A los empresarios se les trata peor que a los reales miembros del crimen organizado.
El gobierno ha tratado de presentar esta anulación del poder judicial y de los derechos de los gobernados con un tono amable. “México es el país más democrático sobre la faz de la Tierra”, ha declarado la presidenta Sheinbaum al señalar que hasta los jueces son electos por voto popular. Pero el mundo se está dando cuenta de que hay otros datos. La Cámara de Comercio de Estados Unidos, la organización empresarial con mayor número de miembros de ese país, y el Business Roundtable, la asociación de directores generales y presidentes de las empresas más importantes de la Unión Americana, han criticado la falta de garantías jurídicas que hoy tienen los empresarios en México a causa de la mal llamada reforma judicial.
México, que desde la reforma judicial de 1994 había logrado crear un Poder Judicial más independiente, aunque siempre obstaculizado por la falta de recursos, hoy tiene un sistema de justicia sometido al gobierno. Nos hemos colocado en el nivel de Rusia, Cuba o Venezuela. Los costos serán enormes.