Para ser un país realmente libre se requieren buenas leyes que impidan la censura y promuevan la libre competencia. Por eso es tan preocupante que el pasado 23 de abril la Secretaría de Gobernación haya presentado al Senado una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que busca exactamente lo contrario.
La iniciativa se estaba manejando por la vía rápida, en fast track, sin permitir a los senadores siquiera el tiempo de leerla, mucho menos estudiarla y discutirla.
El viernes 25 de abril, sin embargo, la presidenta Sheinbaum pidió detenerla para permitir una discusión más amplia con los especialistas y las empresas del medio. Es difícil saber si esta pausa llevará realmente a una revisión seria, pero de lo que no hay duda es que esta propuesta legislativa representa un golpe enorme para México.
Para empezar, la ley está muy mal hecha. Incluye un artículo, el 109, que permite a la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones bloquear “plataformas digitales” bajo lineamientos que la propia ley no especifica y que la dependencia definirá en su momento. Esto no solo abre la puerta a una censura discrecional sino que incluye al internet en una legislación sobre telecomunicaciones, que no es lo mismo.
Una cosa es legislar sobre el desarrollo de la infraestructura física que se necesita para permitir la existencia del internet y otra cosa hacerlo sobre lo que se conoce como “la capa de internet”, sobre las plataformas digitales, los servicios o las aplicaciones. El artículo sexto de la Constitución obliga al Estado a garantizar “el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación (…) incluido el de banda ancha e internet”, pero no otorga facultades a nadie para bloquear o censurar las plataformas digitales. Y lo que la Constitución no faculta, el gobierno no puede hacer.
Futuro
La iniciativa le da a la Agencia Digital la facultad de otorgar concesiones de telecomunicación a dependencias del gobierno sin licitación y sin atenerse al marco jurídico que están obligados a respetar los demás concesionarios. Esta disposición viola no solo la Constitución, que en su artículo 28 obliga a que las concesiones sean otorgadas solo por licitación, sino también el TMEC, que establece que las concesiones del espectro radioeléctrico deberán adjudicarse en “procesos abiertos y transparentes” que promuevan la competencia. Por otra parte, exentar a las concesiones de uso comercial del gobierno de cumplir con las leyes abre las puertas al abuso y la corrupción.
La iniciativa representa un retroceso muy significativo en la legislación mexicana. La censura, para empezar, debería quedar definitivamente borrada de nuestros códigos legales. Las actividades productivas deben llevarse a cabo en entornos de libre competencia, sin que algunas empresas gocen de ventajas desleales sobre las demás solo porque son del gobierno. Es inaceptable que se pida a la mayoría de las empresas ajustarse a las leyes, pero no a las paraestatales. Precisamente por estos tratos de privilegio hemos visto que los proyectos gubernamentales suelen convertirse en nidos de corrupción.
Las telecomunicaciones, la radiodifusión y el internet son los campos en los que más innovación se está generando en el mundo. Atar a las empresas mexicanas con leyes obsoletas y restrictivas, como las que aplicaba el PRI del siglo XX, solo hará que la innovación en México desaparezca y terminemos dependiendo completamente de los productos y servicios de fuera. Ningún país debe cerrarse las puertas al futuro.