El inicio del año abre por completo la puerta para que se termine de conformar la tercera pista del proceso electoral, que será fundamental para definir el derrotero del país durante el próximo sexenio: la definición de los candidatos formales a la Cámara de Diputados y al Senado de la República.
Lo que realmente estará en juego en ambos casos será la mayoría, ya sea absoluta o relativa, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados.
De manera abierta, más allá de la autonomía de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, es claro que de la composición del Congreso de la Unión dependerá en gran medida la conducción del país.
El dilema de fondo es claro y preciso: si Morena y sus aliados ganan la mayoría absoluta podrán sacar adelante los cambios constitucionales y modificaciones a las leyes que requieran.
Incluso a partir de que Morena cuenta con un amplio número de gubernaturas y es mayoría en los Congresos estatales, las modificaciones avanzarían con celeridad. Entre otros objetivos, ajustar las normas para que los integrantes del Poder Judicial sean electos en las urnas. En el caso extremo hasta sería posible llamar a la elaboración de una nueva Constitución.
En caso contrario, la oposición desde el Congreso de la Unión podrá desempeñarse como una suerte de cogobierno de manera abierta para obligar al Ejecutivo a cabildear sus movimientos. Lo que hay que tener en cuenta es que el rol de instancia de cogobierno de los integrantes del Poder Legislativo no es nuevo, aunque en el plano histórico se les impute hasta la actualidad un sometimiento al Ejecutivo.
Pero en la elección que tendrá lugar el 2 de junio todo puede suceder, incluso que la sociedad mexicana opte por una nueva alternancia en el Poder Ejecutivo, lo que llevaría en su caso a una reconfiguración del peso de la correlación de fuerzas, en cuyo caso resulta aún más vital para todos contar con la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión.
Percepción
A casi cinco meses de distancia para la realización de la jornada electoral, no hay nada escrito. Es claro que las encuestas, por sus dimensiones y la conformación de sus muestras, no pasan de representar un referente que no necesariamente coincide con la percepción de la voluntad social.
En el fondo los propagandistas, independientemente de su ideología y tendencia, así como los políticos, coinciden en mantener la proyección de un discurso triunfalista, con escenarios irremontables, en una actitud que haría palidecer al jugador de póker más experimentado.
Pero en los hechos no hay candidatos, coordinador de campaña o propagandista que no sostenga hasta el último momento que está al frente en las preferencias electorales.
Sin embargo, será la colectividad la que habrá de decidir la confirmación no solo del Congreso de la Unión, sino quién será quien conduzca el destino de México en el sexenio 2024-2030, así como el resto de los 19 mil 634 cargos que estarán en disputa a nivel nacional, incluidas ocho gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la CDMX.
Lo único cierto es que no hay nada escrito sobre piedra y en los hechos el gran reto de todos los partidos será movilizar a la enorme masa que conforma la colectividad que tantos triunfos ha otorgado en el pasado al abstencionismo.
En números gruesos los partidos con registro a nivel nacional difícilmente rebasan los siete millones de militantes, cifra que palidece frente a los más de 90 millones de potenciales votantes: en términos generales Morena cuenta, de acuerdo al INE, con dos millones 322 mil 136 militantes o afiliados; el PAN tiene 277 mil 665 y el PRI un millón 411 mil 889, entre los más importantes.
Según el INE, en total los afiliados de los partidos suman seis millones 444 mil 985, mientras que con corte al 14 de diciembre de 2023 el Padrón Electoral es de 99 millones 537 mil 940 personas y la Lista Nominal asciende a 97 millones 658 mil 418 personas.