Hay tiempo suficiente. La nueva Legislatura comienza el 1 de septiembre y el relevo en la Presidencia de la República se da el 1 de octubre. El periodo es amplio si se toma en consideración que desde hace poco menos de un año los distintos partidos políticos analizaron y registraron sus plataformas electorales, comenzando por la de la Presidencia.
Son cinco meses para iniciar el gobierno que encabezará Claudia Scheinbaum. De hecho, la noticia de la designación de Juan Ramón de la Fuente, exrector de la UNAM, como responsable para coordinar los trabajos temáticos para conformar un programa de gobierno fue bien recibida.
Los cambios en las estructuras de gobierno, bajo cualquier modalidad institucional (parlamentario, presidencial, entre otros), implican un acento y establecimiento de prioridades desde la perspectiva del equipo que llega a tomar las decisiones de fondo en cuanto a la atención de los principales problemas del país. Los asuntos, la forma de jerarquizarlos y el establecimiento de los criterios para atenderlos varían, desde luego; de ahí que en cuanto sea entregada la constancia de presidenta electa a Sheinbaum comenzará el conteo regresivo para plantear de manera decisiva y consistente las prioridades a atender.
De acuerdo con la Ley de Planeación se cuenta con seis meses límite para que sea presentado el siguiente Plan Nacional de Desarrollo. De él se desprenden los Programas Sectoriales y los Programas Especiales. Por eso es tan importante los meses que corren para la articulación de lo que en esencia serán la guía, el mapa y la secuencia de la problemática considerada como prioritaria y que, como se apuntó, los recursos con los que se cuenta para atenderlos. Como he insistido en varias ocasiones, la situación de la inseguridad pública es, sin duda, para el conjunto de la sociedad, el principal problema a atender.
Sin prórrogas
A partir de esa certeza la cuestión es establecer de forma articulada, fundamentada y en consideración a lo realizado hasta ahora una serie de medidas que se encaminen a atender de forma realista y en el corto plazo el notable deterioro de la seguridad pública en varias partes del país. Ya han empezado a realizarse foros de especialistas, organizaciones sociales, en la academia, en los medios de comunicación y demás estructuras sociales; hasta el momento de redactar esta colaboración no he sabido que se lleven a cabo otros foros sobre distintos temas. Es muy probable que yo esté equivocado.
Es fundamental que en la confección de las propuestas del nuevo equipo gobernante y de parte de la misma presidenta de la República se planteen opciones, políticas y programas que además de realizables atiendan de forma clara y directa las expectativas de la población en materia de inseguridad.
Más aún en el caso de las mujeres, que enfrentan una sistemática agresión en sus diversas actividades en la vida cotidiana. El tiempo está por agotarse. La hiperactividad de la delincuencia común y organizada tiene contra la pared a comunidades completas e incluso a autoridades locales.
Dado el relevo de autoridades representativas en todo el país es que se tiene una gran oportunidad para articular lo federal con lo estatal y lo municipal.
La tarea está a la vista, sin prórrogas: las condiciones de inseguridad pública reclaman atención inmediata.
Debemos cuidarnos de las improvisaciones, ocurrencias, voluntarismos y la proverbial actitud de “comenzar de cero”. Ya no.