La discusión sobre la reforma electoral vuelve a poner a México ante un dilema clásico: eficiencia vs. representación. Se promete abaratar elecciones, simplificar la logística y “acercar” a los electores a sus representantes; el riesgo, si la tijera se pasa, es amputar contrapesos y dejar a minorías sin asiento en la mesa. Conviene separar lo indispensable de lo deseable.
Lo indispensable es corregir el problema operativo que dejó la reforma judicial de 2024: si en 2027 se vota por autoridades judiciales y por cargos políticos en casillas distintas el país podría requerir hasta 350 mil mesas y dos filas por ciudadano. Nadie quiere ese absurdo. Unificar la jornada en una sola casilla, mover la elección judicial o habilitar voto anticipado por internet son alternativas que exigen cambios legales con reloj a la vista. Corregir esa disfunción no es ideológico: es servicio al elector.
En lo deseable —en clave de principios— se trata de gastar mejor y exigir más resultados. Reducir costos de campañas, racionalizar estructuras y poner lupa a padrones y fiscalización tiene sentido, pero con datos, no con reflejos. Recortar “a la mitad” el financiamiento ordinario de los partidos suena popular; la pregunta técnica es si no empuja a actores a buscar recursos por vías opacas, lo contrario de lo que se predica. Prevenir esa deriva exige reglas de transparencia más robustas, auditorías oportunas y sanciones que duelan.
El punto más delicado es la representación. Se repite que no se tocará la autonomía del INE y que el objetivo es fortalecer la democracia con menores costos. En ese marco se ha puesto sobre la mesa recortar plurinominales: pasar de 200 a 100 en la Cámara de Diputados y eliminar las 32 del Senado. La aritmética importa: menos escaños de representación proporcional pueden traducirse en mayor prima para la fuerza mayoritaria, aun con porcentajes de voto modestos, sobre todo si no hay válvulas de corrección (restos nacionales, umbrales razonables, cláusulas de antisobrerrepresentación efectivas). En otras palabras: la factura de la “austeridad” puede ser una cámara menos plural. La propia discusión interna del bloque oficialista lo exhibe: sin consenso en plurinominales la reforma tambalea.
Brújula
También cuenta la política. Aunque se insiste en mantener la autonomía del INE y proteger a las minorías, los aliados del bloque gobernante ya marcaron líneas rojas. El Partido Verde endureció su postura contra eliminar pluris y contra recortes drásticos al financiamiento con el argumento —válido— de que la representación proporcional resguarda a votantes que no ganan distritos. Si la reforma aspira a ser “de Estado” tendrá que nacer de un acuerdo más amplio que una mayoría circunstancial.
Con ese telón, tres escenarios.
1. Reforma quirúrgica El Congreso aprueba ajustes logísticos (una casilla, voto anticipado o por internet piloto), afina voto en el extranjero y mejora fiscalización. Se ahorra sin tocar el corazón de la representación proporcional. Resultado: elecciones más manejables en 2027 y menos litigios. Costo político: bajo. Beneficio democrático: alto.
2. Reforma maximalista Se reducen plurinominales de forma significativa y se recortan recursos sin red de transparencia reforzada. A corto plazo se aplaude el “ahorro”; a mediano sube la prima mayoritaria y desaparecen voces pequeñas del Congreso. La gobernabilidad puede ganar fluidez, pero la deliberación pierde diversidad y crece la tentación de legislar por aplanadora. El precio de revertir una sobrerrepresentación —cuando cambien los vientos— suele pagarlo la democracia.
3. Empate fallido La iniciativa se enreda entre posiciones encontradas —incluidas las de los aliados— y el reloj corre. No hay reforma y el país llega a 2027 con parches logísticos, riesgo de filas dobles y litigios crecientes. Es el peor desenlace: ni eficiencia ni mejor representación ni certeza.
La brújula es sencilla: cualquier ajuste que reduzca costos y simplifique la elección sin debilitar pluralidad ni supervisión merece apoyo. Toda modificación que en nombre del ahorro concentre poder o empobrezca la representación debe frenarse.
La democracia mexicana no requiere reinvenciones épicas: necesita reglas claras, árbitros autónomos y un Congreso que refleje, con fidelidad razonable, cómo vota el país. Si la discusión se mantiene en ese terreno ganará el elector. Si deriva en ingeniería para premiar a mayorías de hoy a costa de minorías de mañana el precio lo pagaremos todos, y por años.