A lo largo de su historia México ha registrado un proceso continuo de reforma político-electoral que ha tenido grandes avances, pero que no se detiene, independientemente del gobierno en turno.
Sin duda uno de los logros más significativos fue la creación del IFE, ahora INE, como un organismo autónomo en lo que se consideró como un gran triunfo ciudadano.
Pero hay otros antecedentes que se remontan no solo a la reforma que otorgó el voto a la mujer como resultado de un gran movimiento social, sino que además incluyen el establecimiento de la representación proporcional, el voto de mexicanos desde el extranjero y la creación de las candidaturas independientes o ciudadanas. Sin embargo, es claro que la primera gran reforma política está ligada a la figura de Francisco I. Madero y la demanda de sufragio efectivo no reelección.
En el ámbito normativo destaca que en 1987 se creó el primer tribunal electoral en México, denominado Tribunal de lo Contencioso Electoral (Tricoel), que operaba durante los procesos electorales federales y se integraba por siete magistrados numerarios y dos supernumerarios designados por el Congreso de la Unión.
En 1990 se creó el Tribunal Federal Electoral (Trife), órgano jurisdiccional autónomo cuyas resoluciones eran susceptibles a la revisión y modificación por los colegios electorales de las cámaras legislativas.
Tres años después, en 1993, en la Constitución se reconoció al Trife como la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, pero el proceso de elección presidencial seguía siendo calificado por el Legislativo conformado como colegio electoral.
Hasta 1996 se creó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como máxima autoridad en la materia con la atribución de resolver, de manera definitiva e inatacable, las impugnaciones contra los procesos de elección de diputados, senadores y de presidente de la República.
Escenarios
Es claro que al amparo de la conformación de la denominada inicialmente Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, con Pablo Gómez Álvarez a la cabeza, comiencen todo tipo de especulaciones y la conformación de un amplio número de escenarios.
Evidentemente se realizarán foros, reuniones y mesas de trabajo para conformar de manera obligada una iniciativa que contenga la propuesta de reforma electoral, pero la discusión, análisis y aprobación final tendrá lugar en el Legislativo.
Sin embargo, es importante considerar que la socialización de la propuesta será fundamental para que cuente con el aval moral de la ciudadanía, al tiempo que se debe considerar que el escenario político electoral es dinámico y perfectible.
En esa tesitura hay que recordar que las diputaciones plurinominales surgieron en 1977, en el sexenio de José López Portillo. El entonces secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, promovió una reforma electoral para dar mayor representatividad a los partidos políticos de oposición en el Congreso. Ahora, a 48 años de distancia, se busca ajustar el modelo para hacerlo acorde a las circunstancias actuales.
Por donde se vea, lo cierto es que en México se han registrado varias fases de reforma electoral y la que viene está lejos de ser la última. De acuerdo con especialistas hay momentos y cambios que resaltan en la materia por lo que hace al recuento histórico: en 1953 se otorgó el voto a la mujer; en 1968 se creó el sistema de diputados de partido; en 1969 se otorgó el voto a las personas al cumplir 18 años; en 1972 se redujo la edad para ser diputado de 25 años cumplidos a 21, y para ser senador de 35 a 30 años.
Un hecho de obligada referencia tuvo lugar en el sexenio de López Portillo, quien mediante una comunicación oficial instruyó el 14 de abril de 1977 al secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral para que ese organismo, si así lo acordaba, invitara a las asociaciones políticas, instituciones académicas y ciudadanos en general a presentar sus ideas en un marco de absoluta libertad, para que se revisaran y se estudiaran los diferentes aspectos de la reforma destinada a vigorizar las instituciones políticas del país.
En suma, la reforma electoral que se avecina se aprecia como un esfuerzo más por avanzar en la consolidación de la democracia y el ejercicio de la política, donde lo primordial será que no se registre un retroceso en la ciudadanización del proceso.
Y donde se debe pugnar por tener un panorama amplio sobre las reformas, en materia político-electoral, que se realizaron con antelación.