Continuando con el tema de la entrega anterior, cabe apuntar que desde aportaciones fundamentales como The soldier and the State, de Samuel Huntington, y The profesional soldier, de Morris Janowitz, entre otras destacadas obras, desde fines de la Segunda Guerra Mundial las dinámicas entre el estamento militar y el estamento civil han captado, y con razón, la atención de estudiosos de la democracia y los sistemas políticos.
Pero, por otra parte, y dada la naturaleza de las Fuerzas Armadas, los análisis de las relaciones internacionales, el origen, desarrollo y conclusión de conflictos armados —de cualquier tipo— también se han constituido como un amplio campo de reflexión y estudio de la naturaleza de la guerra.
En el caso específico del continente americano, y en particular de los regímenes presidencialistas, es decir, Latinoamérica y Estados Unidos (con excepción de Belice y Canadá), es determinante comprender la trayectoria de las Fuerzas Armadas, denominadas de manera genérica como ejércitos, por lo que hace a la formación del respectivo Estado, la consolidación de los territorios y las bases de los actuales sistemas políticos.
Ahora, en el siglo XXI y ante las complejas dinámicas nacionales, regionales y mundiales, dichas instituciones han sumado una serie de responsabilidades, vinculadas en primer lugar al cambio climático y sus múltiples y graves consecuencias; por ejemplo, las disputas por el agua potable, las migraciones forzadas, la expansión de los desiertos y la subida del nivel de los océanos, entre otros.
Radicalismos
Aunque no menos antagónicos a los intereses y proyección del poder nacional de los Estados, se encuentran en segundo lugar los radicalismos ideológicos, en ocasiones sustentados en principios religiosos, así como la dinámica corrosiva del crimen organizado trasnacional y sus ramificaciones en todo el mundo, la corrupción en sus más diversas e intrincadas expresiones, la devastación de zonas ecológicas, la contaminación con nocivos productos químicos para la fabricación de drogas, el tráfico de especies animales, y así, una larga lista de delitos.
El tercer creciente desafío, que también se ha constituido en un antagonismo al Estado y por tanto a las Fuerzas Armadas en general, es el ciberespacio, con las redes sociales de por medio, así como las disputas en la carrera aeroespacial y satelital.
Este nuevo campo del poder, donde la Inteligencia Artificial (IA) ha venido a acelerar la necesidad de contar con los recursos tecnológicos suficientes para que la ley y las actividades pacíficas de las personas puedan aplicarse y desarrollarse, reclama la absoluta necesidad de colaboración entre los ámbitos civiles y militares.
Desde las lecciones aprendidas en el ataque japonés a Pearl Harbor (7 de diciembre de 1941) quedó evidenciado que la naturaleza de los conflictos bélicos no es competencia exclusiva ni excluyente del ámbito militar. A partir de entonces, los diseños de las políticas de defensa, militares, de las dimensiones de la seguridad, de los sistemas de inteligencia debían ser áreas de estrecha colaboración para el desarrollo de la ciencia y la tecnología de aplicación militar. Pero también la administración de los recursos materiales y el factor humano, la educación del elemento militar en campos como las ciencias sociales, por ejemplo, lo que también requería la concurrencia del estamento civil.
Así, las relaciones civiles-militares pasaban de las contenidas en las constituciones, leyes y reglamentos, sobre todo las previstas por los poderes Legislativo y Judicial, para enfocarse, por ejemplo, a labores de rescate y apoyo a la población civil en casos de resultar afectada por fenómenos meteorológicos o antropogénicos.
En lo que a México respecta, el Plan DN-III-E, Plan Marina y Plan Guardia Nacional son con su bien ganada fama probablemente los principales vehículos de las relaciones civiles-militares con que cuenta el país, además de la dilatada concurrencia de las Fuerzas Armadas para coadyuvar en tareas de seguridad pública.