De acuerdo con la normatividad y leyes del Poder Legislativo y el calendario fiscal norteamericano, durante noviembre y diciembre de cada año se discute y aprueba el presupuesto de ingresos y egresos del gobierno de Estados Unidos. Son jornadas largas, con elevados niveles de tensión mediática y política, que de manera usual se resuelven minutos antes de lo que la ley establece como plazo último para que la administración pública del país no cierre; es decir, que deje de funcionar.
En esta ocasión, como sabemos, hay más conflicto que en anteriores años debido a que en noviembre de 2024 son las elecciones presidenciales y del Congreso en el vecino país del norte.
Muchos son los temas sujetos a negociación, pero en particular hay cuatro. Uno tiene que ver con la posibilidad del juicio político al presidente Joseph Biden como consecuencia de violaciones a la ley por parte de su hijo mayor; el segundo y el tercero, que en realidad van estrechamente vinculados, son la invasión de Rusia a Ucrania y el conflicto bélico entre el grupo terrorista Hamás y las Fuerzas Armadas de Israel; y, por último, el tema México, que a su vez se desglosa en tres: migración, tráfico de drogas y relaciones comerciales.
Recordemos cómo dos diputados de muy poco peso político afirmaron en enero de este año que ante la incapacidad del gobierno mexicano para frenar la violencia criminal que afecta a los estados fronterizos de ambos países se hacía necesaria una intervención militar estadunidense en suelo mexicano para combatirlos y exterminarlos.
Aunque llamó la atención dicha propuesta, y a pesar de haber sido formalmente presentada al pleno de la Cámara de Representantes, no prosperó.
Consecuencias
Sin embargo, en recientes días de nueva cuenta se ha presentado con un elemento adicional, que es en sí un paso muy serio en ese sentido: destinar hasta mil millones de dólares al Departamento de Defensa para operaciones en territorio mexicano para combatir a las organizaciones criminales traficantes de drogas.
En la iniciativa presentada hasta ahora solo por legisladores pertenecientes al Partido Republicano se alude a dos estructuras delictivas, la que dirigen los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y la fracción que encabeza Ismael Zambada, y el Cártel Jalisco Nueva Generación: a ambas les atribuyen la mayor responsabilidad en el tráfico de fentanilo y, por consecuencia, en la muerte de más de 115 mil personas en 2022 por abuso en su consumo.
La citada iniciativa señala y reitera que las autoridades en México no han hecho nada contra ello, por lo que de nuevo se sugiere la posibilidad de incursiones bélicas de parte de las Fuerzas Armadas de EU en aquellas zonas de amplia influencia por parte de las organizaciones delictivas mencionadas.
Si bien una acción militar de esa naturaleza en las actuales condiciones resulta del todo inviable, desde México debemos tener cuidado y poner mucha atención, pues detrás de esas intenciones se sustenta el discurso antiMéxico, antimigrantes y, por lo tanto, con claras evidencias de xenofobia y racismo.
Los primeros que pagan las consecuencias directas de semejante retórica son los mexicanos que trabajan en condiciones irregulares en cientos de ciudades de EU, quienes de manera inmediata reciben maltrato tanto de la sociedad, de las autoridades migratorias y de las policías. No podemos conformarnos con sostener que la intervención militar de la primera potencia mundial en nuestro territorio es inviable: hay quienes resienten personalmente los efectos de la argumentación bélica.
En cuestión de días sabremos si la iniciativa para dotar de fondos al Departamento de Defensa en materia de combate al tráfico de drogas en México encuentra viabilidad o no.