Conversé en exclusiva con Rosalba Hernández, presidenta del Poder Judicial de Veracruz, la primera mujer indígena en encabezar este órgano jurisdiccional. Nuestra conversación giró en torno de uno de los grandes retos de México: construir una justicia verdaderamente accesible para los pueblos originarios.
“Soy originaria del pueblo indígena náhuatl y hablo también la lengua náhuatl. En Veracruz tenemos 17 pueblos indígenas, el pueblo afro, y a mí me toca estar en ese trayecto de la cuestión de la justicia y tratar también de hacer un puente entre la cuestión indígena y la no indígena: puentes de interculturalidad”.
Su llegada a la presidencia del Poder Judicial veracruzano también representa una historia de vida marcada por la adversidad y la perseverancia.
“Me toca ser desplazada por una cuestión de un secuestro de mi padre, migrante, empobrecidos. Y bueno, con una madre con una convicción también, en el sentido de que siempre nos dijo que lo único que podía salvarnos era estudiar y estudiar, y nos lo tomamos muy en serio”, recuerda.
Para Hernández la elección judicial abrió espacios históricamente cerrados para las mujeres y en particular para las indígenas.
“Se abre una puerta, una gran puerta, porque de otra forma no solo el tema de las mujeres, sino también las mujeres indígenas, no hubiésemos podido llegar. Se abre un espacio donde la ciudadanía tiene la posibilidad de elegir a quien resolverá sus conflictos privados y también sus conflictos públicos que tienen con el Estado”.
Respeto
Al preguntarle sobre las mujeres indígenas y los desafíos que enfrentan, responde con una reflexión que obliga a mirar la realidad desde otra perspectiva: “Las mujeres indígenas siguen pecho a tierra, defendiendo lo más importante que hay en este mundo: son guardianas de la sabiduría, del conocimiento ancestral, del conocimiento biológico, del conocimiento cultural; las semillas que no son transgénicas son resguardadas por personas de pueblos y comunidades indígenas”.
Sin embargo, considera que durante décadas las comunidades indígenas han enfrentado procesos sistemáticos de exclusión. “Quizá lo que ha ocurrido es que la política estatal las ha empobrecido, marginalizado, invisibilizado. Sin embargo, los pueblos indígenas se han mantenido en procesos de reivindicación histórica durante más de 500 años”.
Uno de los principales desafíos, explica, es garantizar condiciones reales de acceso a la justicia. “Nosotros hemos estado trabajando en un diagnóstico bastante profundo de la necesidad de contar con intérpretes. Cuando las personas indígenas acceden al sistema de justicia estatal y no hablan español se requiere necesariamente de una llave de acceso a la justicia”.
Rosalba Hernández recuerda incluso el caso de una mujer indígena que fue criminalizada por no contar con un intérprete adecuado. “Pensaron que ella se había provocado esta cuestión del aborto y al final fue un aborto espontáneo. Sin embargo, por el tema de la falta de intérprete y traductor, había sido criminalizada”.
Para la presidenta del Poder Judicial de Veracruz la justicia intercultural no puede quedarse en el discurso: debe traducirse en intérpretes, capacitación, acceso efectivo a los tribunales y respeto a las formas propias de organización de los pueblos originarios.
Como ella misma lo resume, el reto es seguir “tendiendo puentes de interculturalidad” para que la justicia llegue también a quienes históricamente han sido invisibilizados.