Sucedió lo que desde hace años se ha venido diciendo: el gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, mantiene evidentes vínculos con el narcotráfico, específicamente con el Cártel de Sinaloa.
No es la oposición, no es el PRIAN, quienes lo acusan: es el gobierno de Estados Unidos, que formalmente presentó señalamientos por asociación delictuosa, tráfico de drogas y lo que se vaya sumando.
Pero no es solamente él, sino que se trata de una acusación contra ocho funcionarios y exfuncionarios, entre los que se encuentra Enrique Inzunza Cazarez, también senador de Morena.
“Los acusados son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa; y se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos”, según se lee en el comunicado difundido por el Departamento de Justicia estadunidense.
¿Ahora a quién le van a echar la culpa los de Morena? Ya no es solo el líder de La Barredora en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, de quien se lavan las manos diciendo que ya está en la cárcel. Ahora se trata de un gobernador en funciones, del que existe amplia evidencia desde hace años de su actividad criminal.
Qué más debe suceder para que los mexicanos se den cuenta del narcogobierno que manda en el país; cuántos más Rocha Moya existen en las filas de Morena.