La reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas entra decididamente a la conversación pública con el brillo de las buenas intenciones y el riesgo de las malas simplificaciones. El Senado ya dio el paso inicial: un diseño gradual —dos horas menos por año— para llegar a 40 horas hacia 2030, con un universo estimado de 13.4 millones de trabajadores alcanzados. Pero también con una puerta lateral: hasta doce horas extra semanales, que pueden volver “elástico” el beneficio.
La pregunta que el debate público evade es la más incómoda: ¿qué reforma es esta, exactamente?
Si México fuera un país con alta productividad, instituciones eficaces y mercado laboral formal robusto, la reducción de jornada sería un ajuste razonable en un proceso de modernización. El problema es que México llega a esta reforma con una contradicción estructural: trabaja muchísimo y produce relativamente poco.
El dato más incómodo lo confirma: México aparece como el país con más horas trabajadas por persona al año dentro de la OCDE —dos mil 226— y, al mismo tiempo, como rezagado en productividad y salarios.
La conclusión que se desprende es directa: México no necesita trabajar más horas; necesita que cada hora trabajada valga más. En este contexto, creer que la productividad subirá por decreto es una ilusión; y creer que la justicia social se construye solo recortando horas, también.
Autoempleados
El argumento no es negar derechos ni romantizar el cansancio. Es señalar algo más exigente: el bienestar sostenible se construye con crecimiento real, competencia, inversión y reglas claras, no con atajos que reparten escasez. Cuando la política laboral promete progreso sin atacar el núcleo del problema —informalidad, baja productividad, débil formación, instituciones frágiles— el resultado suele ser el opuesto al proclamado.
Porque ese es el segundo gran dato: la economía mexicana opera con un “piso de arena”. La informalidad no es marginal —en el tercer trimestre de 2025 la tasa de informalidad laboral se ubicó en 55.4%— y el crecimiento reciente del empleo se concentró precisamente en ese segmento. En ese terreno, cada obligación nueva que encarece el empleo formal puede producir el efecto contrario al buscado: menos contratación registrada, más subcontratación opaca, más rotación, más horas no reportadas y menos seguridad social. El camino al deterioro laboral también está empedrado de buenas intenciones legislativas.
La reforma, además, aterriza en un país de empresas pequeñas. Una gran corporación puede absorber costos con tecnología y economías de escala. Una micro o pequeña empresa —comercio, servicios, manufactura ligera— no tiene el mismo margen: ajusta precios, reduce plantilla o migra a la informalidad. El debate público suele caricaturizar al “patrón explotador”, pero la realidad mexicana es más compleja: millones de empleadores son, ellos mismos, autoempleados con nóminas mínimas y flujos frágiles. La discusión seria no se gana con estigmas, sino con evidencia: ¿qué sectores podrán compensar horas con productividad y cuáles quedarán contra la pared?
Hay una contradicción adicional que el entusiasmo reformista prefiere ignorar: se vende el tiempo libre como enriquecimiento social, pero sin seguridad, movilidad, educación continua y espacios públicos cuidados ese tiempo difícilmente se convierte en capital humano o bienestar real. El problema no es el descanso: es confundir el descanso con política pública.
¿Qué haría una agenda seria? Primero, hablar claro: la productividad no se decreta, se habilita. Eso implica simplificar regulaciones, abatir la extorsión, abaratar la formalidad, invertir en capacitación y tecnología, y mejorar la calidad del gasto público. Porque el verdadero escándalo no es el debate sobre las horas: es que el Estado lleve décadas gastando mal los recursos que podrían transformar la ecuación laboral desde la base.
La semana de 40 horas puede ser un avance consistente si se ancla en realismo: gradualidad con evaluación periódica, reglas claras de horas extra, vigilancia efectiva para evitar simulación y, sobre todo, un paquete paralelo de productividad y formalidad. Sin eso, lo que se fabrica es una victoria simbólica que empuja inversión y empleo hacia la penumbra.
En un país donde el mérito compite contra el papeleo y la seguridad pierde contra el crimen, el verdadero progreso no es trabajar menos por decreto: es poder producir más, vivir mejor y elegir libremente el camino para lograrlo.