No dijo ninguna mentira el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, cuando en una ceremonia en Los Mochis, Sinaloa, el 23 de abril, para colocar la primera piedra del complejo Pacífico Mexinol, que será la planta de metanol de ultrabajo carbono más importante del mundo, declaró: “Para que esta inversión prospere, el sector privado necesita certeza, seguridad y un entorno libre de corrupción. Sin estas condiciones las inversiones no avanzan. Cuando existen, las empresas crecen y generan prosperidad para todos”.
La declaración provocó una reacción de molestia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien declaró en la mañanera siguiente: “Digamos que es lo que estamos haciendo, ellos allá y nosotros acá. Porque ellos, en Estados Unidos, pues también es importante que haya un ambiente para las empresas para la inversión, libre de corrupción, con certeza jurídica…” En otras palabras, ustedes también tienen corrupción y falta de certeza jurídica.
Las declaraciones del embajador no fueron una simple ocurrencia. Un artículo de Steve Fisher en Los Angeles Times el 26 de abril señalaba que estos “comentarios forman parte de una agenda más amplia y provocadora… Marcan el inicio (…) de una amplia campaña anticorrupción de la administración Trump dirigida contra funcionarios mexicanos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado”.
La muerte de dos agentes estadunidenses en un accidente durante un operativo contra narcolaboratorios en el estado de Chihuahua del 17 al 19 de abril complicó más la relación. La presidenta Sheinbaum se ha mostrado indignada por el hecho de que estos agentes no tenían autorización para operar en México y lanzó una investigación contra los funcionarios de Chihuahua que presumiblemente les permitieron unirse al convoy del operativo. En la Casa Blanca se lamenta que la mandataria ni siquiera ofreció un pésame por la muerte de estos agentes.
Diferencias
El gobierno de Donald Trump señala que considera que los narcotraficantes controlan al gobierno de México y que la presidenta no se atreve a hacer nada para enfrentarlos. Ofrece mandar tropas o policías a atacar directamente a los responsables, propuesta que la presidenta rechaza. También afirma que el narco ha infiltrado al gobierno mexicano. Sheinbaum exige pruebas, que las autoridades de justicia de Estados Unidos no proporcionan, pero en estos momentos la gran preocupación de la clase política mexicana es que Trump ordene la detención extraterritorial de algunos políticos mexicanos. Por lo pronto, el artículo de Los Angeles Times aseguró que a Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, un político muy cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, se le canceló la visa para ingresar a Estados Unidos.
Este 29 de abril, finalmente, el gobierno de Estados Unidos presentó acusaciones formales por narcotráfico y posesión de armas de fuego de alto poder en contra de Rocha Moya. Se promovieron cargos también contra otros nueve funcionarios mexicanos. Las amenazas y advertencias han quedado atrás, pero Washington ha decidido no mandar tropas o policías a México a realizar el trabajo sucio. Ha preferido la vía legal. Las acusaciones en contra de Rocha Moya, un político muy cercano a López Obrador, le harán imposible continuar en el cargo como gobernador de Sinaloa. Pero también pondrán en una situación muy complicada al gobierno federal que durante años ha salido en defensa del controvertido gobernador.