El asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio impactó profundamente en América Latina. En México y Colombia resuenan los nombres de Jorge Eliécer Gaitán, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Luis Donaldo Colosio, excandidatos presidenciales que por distintas razones fueron asesinados.
Cada región tiene sus propias circunstancias, de eso no hay duda. Sin embargo, es innegable el uso de la violencia en elecciones como arma política en muchos casos. Los sujetos previamente mencionados representan solo un alcance de esta problemática, usualmente la más ruidosa en los medios y las sociedades. Los asesinatos de candidatos presidenciales son la punta del iceberg de un fenómeno que afecta a todos los niveles de los procesos electorales en Latinoamérica.
Tan solo en 2021, durante las elecciones federales de México, 36 aspirantes y candidatos a cargos públicos fueron asesinados, según Etellekt Consultores. La misma consultora informó que a lo largo del proceso electoral de 2018, 48 precandidatos y candidatos sufrieron el mismo destino.
Ampliando la mirada a toda Latinoamérica se perciben hechos violentos en diferentes niveles políticos. En Brasil la ONG Fogo Cruzado reportó que en las elecciones municipales de 2020 aproximadamente diez candidatos a diversos cargos fueron víctimas de homicidio doloso. En Colombia, durante las elecciones regionales de 2019 la cifra fue de 18 candidatos y precandidatos, según el informe de PARES.
¿Se ha impuesto la violencia sobre los métodos legales y democráticos en los procesos electorales?
Históricamente se ha observado una relación entre elecciones y actos violentos. Conflictos, cuartelazos, guerras, guerrillas, revoluciones y otros movimientos que han tenido su origen o vinculación con procesos electorales, aunque también se deben considerar los demás factores. Ejemplos de dictadores prolongados en el poder o elecciones fraudulentas son numerosos.
Llamado
Realizar elecciones de manera pacífica es un reto tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo. Un entorno en el que prevalece la democracia electoral, sin intervenciones violentas, refleja una sociedad capaz de superar las divisiones que ciertos grupos de poder, movidos por sus propios intereses, intentan establecer. La idea elemental de este acto recae en un juego donde las diferencias ideológicas, sociales y culturales, conviven en determinada armonía dentro del espectro político.
Si bien cada región tiene circunstancias únicas, es evidente que la violencia ha ensombrecido en múltiples ocasiones el escenario electoral, utilizándose astutamente como herramienta política. Las cifras, aunque impactantes, solo revelan la superficie de un problema que se extiende a lo largo y ancho de los mecanismos electorales en Latinoamérica.
En medio de la convulsión que generan tales actos de violencia América Latina enfrenta un llamado urgente a revaluar y fortalecer sus procesos democráticos. La historia y las recientes cifras ponen en evidencia una lucha constante entre la voluntad democrática y las fuerzas que buscan desestabilizarla para así imponerse.
A pesar de los desafíos únicos de cada país existe un denominador común: la necesidad de proteger la integridad del proceso electoral y garantizar la seguridad de toda la población. La democracia, en su verdadera esencia, requiere de un ambiente de paz, donde las ideas y propuestas puedan competir libremente sin temor a la represalia.