El 15 de mayo el presidente López Obrador anunció un aumento de sueldos de 10% para los maestros de educación básica federalizada. Es un alza generosa, si consideramos que la inflación se ubicó en 4.65% el pasado mes de abril. “Se trata de un reconocimiento especial a maestras y maestros de México”, dijo, pero que convenientemente otorgó dos semanas antes de las elecciones para que llegara en la quincena más importante en lo político del sexenio.
Así son los políticos. Les gusta comprar votos, pero con dinero de los demás. En México lo vemos constantemente. De hecho, las dádivas del gobierno se han convertido en el tema principal de esta campaña. La candidata del gobierno, Claudia Sheinbaum, afirma constantemente: “Por convicción, los únicos que podemos garantizar los programas sociales como derechos somos quienes representamos a la Cuarta Transformación”. Xóchitl Gálvez, candidata de la oposición, ha solicitado al INE que inicie una campaña de difusión con el mensaje: “Los programas sociales son pagados con recursos de los ciudadanos. Ningún partido puede condicionar su permanencia a cambio de tu voto”. Y para no quedarse atrás, ha prometido que bajará la edad del apoyo a los adultos mayores de 65 a 60 años.
Las pensiones representan un porcentaje cada vez mayor del gasto gubernamental y de los ingresos presupuestarios. En 2018, el último año de Enrique Peña Nieto, el presupuesto de egresos preveía 793 mil 734 millones de pesos para pensiones y jubilaciones del sector público. En 2024 el monto presupuestado fue de 1.99 billones de pesos, es decir, 150% más.
Todas las pensiones, tanto las contributivas como las no contributivas (en estas últimas se incluyen los apoyos a los adultos mayores), representaban 15.8% de los ingresos presupuestarios y del gasto total del sector público en 2018. Para 2024 ya eran 27.3% de los ingresos y 22% del gasto neto total (la diferencia es consecuencia del creciente déficit presupuestario). Otra medición colocaba el gasto público en pensiones en 3.5% del Producto Interno Bruto (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Cámara de Diputados, mayo 2023). Para 2024 ya eran 5.8 por ciento.
Como además la población de más de 65 años está creciendo a ritmo acelerado, la cifra se disparará a 7.1% del PIB en 2030. Si se suma el nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar creado por el presidente el 1 de mayo, también durante la campaña, el costo subirá en 2030 a 7.8% del PIB. Si Gálvez baja la edad para recibir los apoyos a 60, habrá un aumento también importante.
Herencia
López Obrador ha demostrado ser un hábil político. El gasto en pensiones le ha sido muy redituable en lo político. Le permitió saltar de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a la Presidencia y convertir a Morena, una organización creada apenas en 2014, en un partido tan dominante como el PRI de los setenta. Las pensiones a los “viejitos” han sido su principal instrumento.
Lo que no sabemos es cuánto tiempo aguantará el país. Ya hoy el gasto público en pensiones, 5.8% del PIB, es superior a 3.2% de educación o 2.5% de salud pública.
Para 2030 la diferencia habrá aumentado de forma notable. Para 2050 el Estado mexicano ya no tendrá dinero más que para las pensiones.
Estamos heredando a nuestros hijos un país en vías de quiebra, pero a los políticos no les importa. Lo que quieren es comprar votos hoy.