El gobierno federal no se manda solo en lo que hace al ejercicio del gasto público que le aprueba el Legislativo: la aplicación y el destino de los recursos debe pasar por la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dependiente de la Cámara de Diputados.
Se trata de un organismo indispensable que tiene como premisa, entre sus facultades legales, trabajar para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en la 4T.
No existe un solo renglón del gasto público que quede al margen de la rendición de cuentas como parte de una mecánica establecida que busca transparentar y eficientar la aplicación del gasto público, que de ninguna forma se contrapone con el trabajo que desarrollan la Secretaría de la Función Pública y los organismos internos de control de cada dependencia del gobierno federal.
Como parte de su mecánica de trabajo de manera periódica la ASF emite informes y observaciones específicas que pueden ser esclarecidas por parte de las dependencias y funcionarios directamente involucrados.
Se trata de un trabajo rutinario que sirve a los medios de comunicación y sus representantes para sobredimensionar la información y presentar un panorama más complicado de lo que es en realidad. Titulares y encabezados que llaman la atención de la colectividad, pero que en la mayoría de los casos, al ser solventados, quedan en el archivo. Es decir, son justificados, sin que los medios tengan la atención de dar cuenta de ello con la misma resonancia con la que informan de presuntas irregularidades detectadas y que de no ser atendidas a satisfacción de la ASF derivarían en procesos administrativos e incluso judiciales.
Antecedente
Al respecto resulta indispensable señalar que como consecuencia de la fiscalización de la Cuenta Pública 2020 la ASF emitió dos mil 444 recomendaciones, promovió el ejercicio de la facultad de comprobación fiscal en 123 casos, emitió 204 solicitudes de aclaración y registró mil 483 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias.
Y que como resultado de la emisión de acciones y observaciones realizadas durante 2020 por la ASF instituciones públicas reintegraron mil 782 millones 620 mil pesos al erario federal.
Desde esa óptica resulta inevitable apreciar el hecho de que la revisión a la Cuenta Pública 2020 realizada por la ASF detectó irregularidades cuantiosas en obras prioritarias para el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellas el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el programa Sembrando Vida. Esto derivado de que la Comisión de Vigilancia de la ASF recibió el Informe general del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2020 y la Tercera entrega del informe de resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2020.
En términos generales las presuntas irregularidades ascienden a 63 mil diez millones de pesos, de las cuales a la fecha se aclararon dos mil 181.1 millones y quedan pendientes 60 mil 229 millones.
Sobre el particular, el presidente López Obrador destacó que normalmente se publica el reporte de la ASF, como sucedió en el caso del aeropuerto cuando trascendió que la cancelación tuvo un costo de 300 mil millones, y posteriormente se ajustó el monto.
En paralelo es indispensable señalar que el titular de la ASF, David Colmenares Páramo, reconoció públicamente que la creación de grupos de trabajo para coordinar la revisión en torno de las obras emblemáticas de la 4T, como el Aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya, permitió en su momento superar casi la totalidad de las observaciones emitidas en torno de la Cuenta Pública 2019.
Lo que sin duda establece un antecedente claro que permite anticipar que bajo la mecánica de esos grupos de trabajo conformados por representantes de los entes auditados y la ASF las observaciones en torno de la Cuenta Pública 2020 terminarán por ser esclarecidas, como parte de un desempeño en el que la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción son fundamentales.