En el pasado reciente y a lo largo de los tres últimos años los adversarios de la 4T en general y del presidente Andrés Manuel López Obrador en particular de manera sistemática desde diversos frentes, primordialmente mediáticos, han tratado de minar una de las principales fortalezas del primer gobierno de izquierda en la historia del país.
Con el evidente propósito de demostrar que entre funcionarios de primer nivel lo mismo que en personas cercanas e incluso familiares directos del primer mandatario existen casos de corrupción, se difunden videos e información, aderezados con campañas mediáticas que a la fecha no han resultado exitosas, primordialmente por lo endeble de sus señalamientos.
Además, claro, de que en ningún caso las acusaciones mediáticas se traducen en procesos legales y administrativos que dañen la imagen del gobierno que encabeza López Obrador.
En el extremo de lo que se aprecia como un ataque directo a la solidez del primer círculo del presidente en el rubro de combate a la corrupción y la impunidad, se ataca a personajes centrales de la 4T que tienen o tuvieron a su cargo esas acciones de saneamiento institucional.
Sin embargo, la disposición de López Obrador a que en su caso se realicen las investigaciones necesarias, sumada a la probidad de los personajes que se trata de afectar y una respuesta firme de parte de no pocos de ellos, han evitado situaciones de crisis como las que caracterizaron a pasadas administraciones ante denuncias de presunta corrupción.
Rol
Es claro que instancias como la UIF, la FGR, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, entre otras, realizan de manera cotidiana investigaciones sin que de manera necesaria culminen en procesos contra los involucrados.
Y de manera transparente, cada una de ellas ha procedido de manera institucional contra quienes se han relacionado en actos de corrupción.
Hay que tener presente que se trata en muchos casos de procesos obligados por las circunstancias pero que no pasan de ser útiles para ratificar la probidad de los funcionarios públicos.
En paralelo, hay que destacar que bajo la tutela del magistrado presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, al interior del máximo tribunal de la nación también se combate la corrupción.
Por lo que hace a las denuncias mediáticas contra personajes clave de la 4T, ninguna ha sido capaz de llegar hasta las últimas consecuencias y en su caso, en uso de la ética más elemental, reconocer en sus espacios que se equivocaron o bien que la investigación que pretendidamente realizaron no prosperó.
Olvidan que la mediática no es una arena propicia para el desarrollo de litigios legales y administrativos, pero tratan de erigirse en jueces implacables, sin detenerse a reconocer que no cuentan con facultades para dictar condena alguna y que su acción lo que busca es afectar el prestigio, en este caso de la 4T, dañando uno de sus principales estandartes: el combate a la corrupción.
No cabe duda que el ejercicio del periodismo de investigación en la era de la 4T debe realizarse con puntualidad y precisión, pero sobre todo con ética y probidad, teniendo presente el papel que juegan medios de comunicación que de ninguna forma pueden constituirse en tribunales supremos, asumiendo un rol que no les corresponde.
Como diría un clásico: El que entendió, entendió.