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27 agosto 2022
Samuel Rodríguez
Columnas

EL CASO AYOTZINAPA SIGUE ABIERTO

“La recreación de los sucesos se vuelve obligada”.

Los trágicos acontecimientos del 26 y 27 de septiembre de 2014 aún están vivos en la memoria de la colectividad mexicana en general y de la comunidad de Iguala y la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en particular: la demanda de justicia prevalece en el ambiente social a pesar de que han pasado casi ocho años.

Hasta hace unos días el colectivo que conforman amigos y familiares de los alumnos desaparecidos tenía la esperanza de localizarlos, pero el panorama cambió súbitamente.

El subsecretario Alejandro Encinas hizo públicos tres elementos centrales: que no hay indicios de que los desaparecidos estuvieran con vida; que lo sucedido en Iguala fue un crimen de Estado; y que entre los desaparecidos había un infiltrado del Ejército.

Posteriormente el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el caso Ayotzinapa no está cerrado. Y el panorama de impartición de justicia comenzó a cambiar de manera acelerada.

La aprehensión del exprocurador Jesús Murillo Karam y su vinculación a proceso es una muestra de que en la 4T están dispuestos a llegar hasta el fondo del tema.

Quienes trataron de apreciar una claudicación en la aceptación de que no existen indicios de que los 43 estén con vida, se equivocaron. El caso Ayotzinapa está abierto y las indagatorias comienzan a traducirse en procesos abiertos.

La detención y puesta a disposición de Murillo Karam apenas fue el inicio de las acciones que se llevarán a cabo a través de la Fiscalía General de la República (FGR), entre las que destaca la notificación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de 20 órdenes de aprehensión libradas por un juez federal contra mando y tropa en los batallones 27 y 41 de Infantería que, presuntamente, estuvieron involucrados en la desaparición de los normalistas.

Al fondo

Las órdenes de aprehensión se libraron por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia. Ello en términos generales traduce en hechos el compromiso de que en la 4T nadie está por encima ni al margen de la ley.

Y termina con la creencia generalizada de que la justicia no alcanza a los exfuncionarios de alto nivel o que la justicia civil no aplica a los integrantes de las Fuerzas Armadas.

Con esta acción, José Luis Abarca Velázquez y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, junto con los demás aprehendidos y procesados por el caso Ayotzinapa, no serán los únicos involucrados.

Al momento, el gran pendiente de la 4T es la aprehensión de Tomás Zerón, que habrá de concretarse en algún momento, ya sea con base en proceso de extradición o mediante cualquier recurso legal que lo traiga a suelo mexicano y lo ponga a disposición de la justicia.

La recreación de los sucesos se vuelve obligada para reponer la relatoría y llegar al fondo del tema, que no puede ser más que establecer con claridad quién o quiénes ordenaron la retención y posterior asesinato de los normalistas; quién o quiénes los retuvieron y asesinaron; así como qué fue lo que motivó esa acción.

El fondo del mensaje es más que claro: la 4T va por todas las canicas; el juego está en su cancha.

Quien no puso atención no entendió que los tiempos y las reglas cambiaron.

Se tenía que decir… y se dijo. El que entendió… entendió. Los de la 4T no son tiempos para párvulos de la política.