Si bien el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la obligación constitucional de informar al Congreso de la Unión sobre el estado que guarda la administración pública al inicio del primer periodo de sesiones del año y la ha cumplido, destaca la forma en que dejó atrás lo que en el pasado, durante los años dorados del priismo, se consideraba como el “día del presidente”.
Una jornada que iniciaba con la cobertura de las actividades del jefe del Ejecutivo en la residencia oficial de Los Pinos, previo a su salida a la sede del Congreso de la Unión para entregar ante el pleno e invitados especiales, tanto nacionales como extranjeros, el texto de su informe de gobierno.
Luego el presidente dirigía un mensaje a la nación, al que seguía una respuesta por parte de un representante popular, seguido de una salida apoteótica donde los abrazos, vivas y vítores eran tan prolongados como infinitos.
Por supuesto, no podía faltar el besamanos, que representaba una suerte de culto a la figura presidencial. Una expresión de pleitesía y fidelidad de la que no podían sustraerse la clase política ni el sector empresarial ni las organizaciones gremiales, con una marcada presencia de líderes sociales y sindicales.
De hecho, desde 2008 se modificó la Constitución y se eliminó la obligación del titular del Ejecutivo en turno de acudir a la sede del Congreso, en el fondo para evitar la confrontación y una eventual interpelación.
Desde entonces la responsabilidad de entregar el informe presidencial ha recaído en el secretario de Gobernación en turno y el titular del Poder Ejecutivo se limita a dirigir un mensaje a la nación en el que destaca las principales acciones de su administración en el periodo que comprende el informe entregado al Congreso, cuyos integrantes proceden a la denominada glosa.
Rendición de cuentas
Un mecanismo que representó una primera transformación del “día del presidente” y prevaleció hasta el inicio de la gestión de López Obrador como titular del Ejecutivo.
Sin embargo, lo verdaderamente trascendental en el caso de López Obrador es que además de cumplir con el mandato legal, por iniciativa propia tomó la decisión de realizar informes periódicos sobre las principales acciones de su administración.
Así, informó en tiempo y forma sobre el cumplimiento de los 100 compromisos que asumió desde la plancha del Zócalo capitalino e instauró con ello la obligación moral de informar periódicamente a la ciudadanía sobre sus acciones a través de mensajes: al momento ha establecido la dinámica de realizar informes adicionales al menos tres veces año.
De este modo, sin caer en los esquemas de culto a la figura presidencial del pasado, López Obrador ha rendido informes en las siguientes fechas: 11 de marzo, 1 de julio y 1 de diciembre de 2019; 5 de abril, 1 de julio y 1 de diciembre de 2020; 30 de marzo, 1 de julio y 1 de septiembre de 2021; 12 de abril y 1 de julio de 2022.
En total once informes voluntarios, que sumados a los cuatro obligatorios en términos constitucionales imprimen una dinámica distinta en materia de rendición de cuentas, la cual se complementa con el desarrollo cotidiano de las mañaneras, en las que da cuenta de los principales temas de interés para la sociedad, así como sobre la forma en que se toman algunas de las principales decisiones en el país.
Cuando el presidente afirma que no son iguales, no cabe duda que es así. La 4T ha dado muestras palpables e irrefutables de que las prácticas del pasado quedaron atrás y que en la actualidad el sistema político-democrático-electoral de México está en una etapa de ajuste y evolución para dar paso a una nueva realidad.