El ejercicio de auscultación popular que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador para pulsar el criterio social en relación a la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad nacional hasta 2028 es claro: no será una consulta como tal e incluso deberá denominarse de otra forma para respetar las normas, pero el propósito es evidente.
No hay nada oculto, por más que los críticos insistan en señalar que se trataría de una violación a la Constitución, al advertir que el artículo 35 establece la prohibición de realizar consultas populares en materia de seguridad nacional, así como la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.
Lo que al parecer no escucharon los críticos, porque solo abordaron el tema a botepronto, es que el presidente reconoció que se trata de una figura distinta a la consulta que se plantea en el texto constitucional, además de la independencia de los legisladores para dar continuidad al proceso de aprobación de la iniciativa que ampliaría la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.
Con precisión, puntualizó al menos diez elementos fundamentales en torno del ejercicio de auscultación social que propone: uno, que las preguntas planteadas inicialmente tendrían que formularse de manera equilibrada y ser sencillas; dos,
se buscaría que la gente decida, que haya tiempo para debatir, para informar tanto de los pros como de los contras y que la decisión no sea un asunto cupular; tres, que no la organizaría el INE.
Cuatro, que hay que buscar legalmente si existe un mecanismo que avale su realización; cinco, que al parecer se podría hacer a través de la Subsecretaría de Gobernación, de manera legal, aun cuando su resultado no sea vinculante; seis, se podrían conjuntar una consulta y una encuesta para recoger la opinión de todos, que sea el pueblo el que decida; siete, que todos participen, que participe y ayude la gente.
Ocho, que se pueda votar en casillas y también de manera electrónica; nueve, que durante el tiempo que resta del año se promueva; y, diez, que a principios del año próximo se realice el ejercicio de consulta.
Ejercicio participativo
Las preguntas que presentó de manera inicial el presidente son: ¿Estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional (GN) y con su desempeño hasta ahora? ¿Consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina, deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024? ¿Cuál es tu opinión, que la GN pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de Seguridad Pública?
En conclusión, si bien inicialmente López Obrador utilizó la palabra “consulta”, en lo inmediato planteó que sería un ejercicio de auscultación social diferente. Es lo que no quisieron escuchar los críticos, quienes prefirieron concentrarse en el árbol y no apreciar la amplitud del bosque.
Con este ejercicio de participación ciudadana se busca avanzar en la democracia participativa. Es decir, escuchar la voz del pueblo para normar el criterio de la autoridad y sus representantes.
El martes 27, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, estableció que la Segob cuenta con facultades legales para la realización de ese ejercicio. Precisó que el ejercicio participativo se realizará de las 8:00 a las 18:00 horas del domingo 22 de enero de 2023. Se plantearán tres preguntas. En el ejercicio podrán participar los ciudadanos que presenten su CURP y una identificación oficial. Y el 24 de enero se conocerá el resultado.
Esclarecidas las dudas, no hay más que esperar a que el tiempo transcurra porque es evidente que pese a lo que decida el Legislativo el ejercicio de auscultación social terminará por realizarse y con él se abrirá la puerta para una mayor participación social en la definición del devenir nacional.
Quienes se dejaron llevar por la inmediatez y no escucharon con detenimiento, terminarán por llevarse un enorme fiasco.