La 4T tiene ante sí el enorme reto de acabar con el conflicto que representa la toma de casetas de cobro y el cierre de vías de comunicación que afectó a la población y a la economía, local y nacional, durante años.
Ello por supuesto sin dejar de reconocer el legítimo derecho de manifestación que tiene toda la población. Sin embargo, si se analiza el fenómeno con claridad se aprecia que grupos específicos como el magisterio y el estudiantado, en específico los normalistas en Guerrero, se encuentran entre los más asiduos a realizar las tomas de casetas.
No se trata de criminalizar la protesta social, sino de evitar conflictos derivados de la afectación a terceros y complementariamente impedir que se lucre al cobrar de manera ilícita, bajo la figura de cooperación voluntaria, por transitar sin realizar el pago que legalmente debe cubrirse.
Tampoco hay que perder de vista que solo en 2020, de acuerdo con datos oficiales, la toma de casetas de cobro derivó en pérdidas por cuatro mil 121 millones de pesos.
Según informes de la Guardia Nacional durante 2020 se registraron seis mil 815 tomas de casetas en el territorio nacional, lo que pone sin duda de relieve la trascendencia de esa práctica.
Lo importante es que prevalezca el Estado de Derecho y no se afecte tanto a la población como a la economía, sobre todo al amparo de la reciente modificación de la Ley de Vías Generales de Comunicación aprobada en el Senado y que establece sanciones de hasta siete años de cárcel a quienes tomen casetas y cobren ilegalmente servicios de peaje.
En concreto, el artículo 533 establece que las sanciones van de tres meses a siete años de prisión, con multas de 100 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Además, se establece que la sanción será aplicable a quienes interrumpan la construcción de las referidas vías total o parcialmente o deterioren los demás servicios que operen en las vías generales de comunicación.
Linderos
En lo fundamental se busca evitar que el ejercicio del derecho de un grupo o sector específico de la sociedad no afecte los derechos de otros, en concreto el de libre tránsito.
Hay que tener en este sentido como referencia obligada que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado de manera abierta su respeto a la libre manifestación, pero también ha establecido un lindero claro al señalar, en septiembre de 2020, que “desde que llegamos se actúa para impedir que se tomen las casetas porque ya se había convertido en una práctica tolerada en todos lados. No había causas de fondo, ya era sacar dinero al tomar las casetas; se están ahora evitando estas tomas, se recupera todo lo que se perdía: lo que perdía la Hacienda pública, lo que perdía el pueblo, porque el presupuesto es dinero del pueblo, por eso es dinero sagrado; lo tenemos que cuidar más”.
Establecida la norma y las sanciones, ahora corresponde tanto a las autoridades estatales como al gobierno federal, por conducto de la Guardia Nacional, hacer prevalecer el Estado de Derecho para evitar que las modificaciones a la Ley General de Vías de comunicación se conviertan en letra muerta.
Lo sucedido en el pasado inmediato en la caseta de Palo Blanco, Guerrero, donde se registraron incluso enfrentamientos de manifestantes contra elementos de la Guardia Nacional, debe ser una acción superada donde se haga prevalecer la ley.
Nadie por encima de la ley, nadie al margen de la ley, independientemente de la naturaleza de las manifestaciones y quienes las realicen. Lo importante es establecer con claridad que el ejercicio de la libre manifestación tiene como lindero evidente el momento en el que se afectan derechos fundamentales de terceros.
Y ello se puede lograr bajo un régimen democrático al amparo de la observancia del Derecho, sin incurrir en el ejercicio pernicioso de un gobierno de facto. De concretarse se dará paso a un nuevo esquema para la realización de las manifestaciones que sin duda se convertirá en un sello distintivo de la 4T, que la colectividad no tendrá la menor objeción en reconocer.