Los resultados de la elección intermedia modificaron el mapa geopolítico nacional y confirmaron que en este momento Morena es el partido mayoritario en el país: con menos de una década de existencia el movimiento que creó Andrés Manuel López Obrador es el instituto político que gobierna más estados, domina más Congresos estatales y cuenta con mayor número de asientos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República.
En tanto, de acuerdo con los resultados oficiales, el Partido Acción Nacional ocupa el segundo lugar como fuerza política, mientras el otrora poderoso tricolor quedó relegado a un tercer lugar y el PRD estuvo a punto de perder el registro.
Los resultados están ahí y son contundentes. Ciertamente, como bien anotó el presidente López Obrador, se requerirá del apoyo de unos cuantos legisladores de otros partidos para sacar adelante reformas constitucionales, pero ello representa desde hace años una práctica recurrente en nuestra democracia, por lo que nada tiene de novedoso reconocer la realidad.
Pero pasada la euforia, y en el preámbulo de lo que será la entrada en funciones de las nuevas autoridades y representantes populares, la atención social se centra en la próxima realización de la consulta popular, el 1 de agosto, que definirá si se lleva a juicio o no a los expresidentes.
Se trata de un ejercicio se quiera o no inédito para el país, un instrumento que se estrena oficialmente en el ámbito del gobierno federal para ampliar la concepción de la democracia participativa, en la que es fundamental conocer de manera directa la voluntad de la ciudadanía.
Y en este punto debe reconocerse la determinación del presidente para promover desde sus conferencias mañaneras la participación de la colectividad. Ello debido a que se requiere de una participación mayor o igual a 40% de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de electores para que el resultado sea vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes, de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente.
Esquema
En consecuencia, el gran reto es vencer al abstencionismo de manera contundente para que el resultado de la consulta popular sea útil y se demuestre, por primera ocasión, la validez de ese instrumento de participación social.
Así las cosas, la autoridad electoral pone a prueba su capacidad de organización y operación con un esquema diferente al de los comicios que resulta indispensable conocer y difundir ampliamente entre la población.
Sobre la consulta popular el INE estableció que las juntas distritales realizarán el cómputo de las actas a partir de la llegada del primer paquete desde las mesas receptoras a la sede de la junta distrital. Concluirá hasta que se reciba y compute el último paquete.
En las 48 horas siguientes a la conclusión de los cómputos distritales el secretario ejecutivo del INE dará a conocer el resultado al Consejo General del instituto. Este realizará el cómputo total y la declaratoria de resultados 72 horas después.
Los resultados finales del cómputo nacional se darán a conocer una vez transcurrido el periodo para impugnaciones y, en su caso, resueltas las resoluciones de la autoridad judicial electoral a nivel federal (el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación).
Esa consulta popular contará con observadores electorales acreditados por el INE, pero no con representantes de partidos políticos presentes en las mesas receptoras de votación.
No habrá un Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) ni ejercicios de conteo rápido; sin embargo, los cómputos distritales se efectuarán desde la misma noche de la jornada del 1 de agosto, conforme lleguen los paquetes a las 300 juntas distritales del INE, y se habilitará un micrositio en el que la ciudadanía podrá dar seguimiento en tiempo real a los cómputos.
La consulta popular es sin duda un instrumento que llegó para quedarse y como ciudadanos tenemos la obligación de conocerlo a fondo.