La reforma electoral es el próximo gran pendiente del Poder Legislativo y se quiera o no saldrá adelante de alguna manera. La realización de foros paralelos para el análisis de la iniciativa por parte de la oposición pone en evidencia la percepción de que el tema avanzará a pesar de su negativa a sacar adelante las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En principio porque, como tal, la moratoria constitucional no está prevista en el andamiaje operativo del Legislativo, en tanto que la unidad que se percibe en San Lázaro contrasta con la posición asumida en el Senado de la República.
Además, hay que establecer que todo representante popular —sea diputado federal o senador— está obligado a tomar parte, bajo las normas establecidas, en el desarrollo de los trabajos de la cámara en que se desempeña.
Ello por supuesto incluye el establecimiento de posturas y su defensa argumentativa lo mismo en comisiones que ante el pleno y, en consecuencia, el voto; ya sea este a favor o en contra de cualquier iniciativa, incluso con la posibilidad de abstenerse de votar llegado el extremo, bajo circunstancias especiales.
Por tanto, lejos de negarse a desahogar las iniciativas del Ejecutivo independientemente de su contenido los legisladores están obligados a analizarlas, enriquecerlas o corregirlas, como sucede anualmente por ejemplo con parte del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Pero no pueden negarse a tomar parte en la discusión y análisis, por más que tengan el derecho, como ha sucedido por desgracia en el pasado, de abandonar el recinto legislativo para reventar técnicamente la sesión e impedir que se apruebe alguna iniciativa.
Lo importante en todo caso es analizar el fondo y, en apego a las reglas de la democracia que nos rige, votar a favor o en contra de cualquier iniciativa, para en su caso aprobarla o desecharla.
Inmovilismo
No hay que perder de vista que si bien en el caso de una reforma constitucional se requiere de una mayoría absoluta o sea dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Diputados o de los representantes presentes en la sesión para su aprobación, la oposición cuenta en este momento con los votos suficientes para frenarla o desecharla.
Por lo que en lugar de organizar foros paralelos para el análisis de la iniciativa lo mejor que pudieron hacer es participar en los foros oficiales para esgrimir abiertamente sus argumentos y tratar de ganar adeptos en el plano social.
Sin embargo, es claro que con su comportamiento los dirigentes de Va por México lejos de abonar al fortalecimiento de la democracia por la vía del diálogo y el cabildeo respetuoso, apuestan al inmovilismo y en el mejor de los casos a la organización de espacios que consideran propicios, aunque de manera abierta anticipen que la iniciativa presidencial no pasará, lo que se traduce en una actitud abiertamente antidemocrática que terminará por exhibir su cerrazón al diálogo y el respeto a las normas establecidas.
Si en el fondo lo que busca la oposición agrupada en Va por México es aplicar una moratoria constitucional y rechazar de tajo toda iniciativa de reforma, no tendría caso organizar un Parlamento Abierto paralelo en torno del tema que concluyera con la integración de una propuesta final que sería presentada ante el pleno de San Lázaro.
De entrada, los foros organizados por Morena y sus aliados, que se desarrollan del 26 de julio al 25 de agosto, tienen como finalidad remitir sus conclusiones, antes del inicio del periodo ordinario de sesiones, a las Comisiones Unidas de Reforma Electoral y Puntos Constitucionales.
Los integrantes de ambas comisiones analizarán y aprobarán o rechazarán la iniciativa; y en su caso la pondrán a consideración del pleno, donde finalmente la solidez de Va por México puede terminar por fracturarse o proyectar la cerrazón de la oposición nacional.
En el fondo se percibe la posibilidad de que la razón se imponga y los legisladores terminen por cumplir con el propósito para el que fueron electos: representar a la población que sufragó en su favor y no estar entregados por completo al servicio de intereses de partido.