Independientemente de su resultado, pasada la jornada del 6 de junio la agenda nacional tendrá que enfocarse en la recomposición obligada de las normas en particular y del proceso electoral en general.
Más allá del voto de los mexicanos desde el extranjero y la operación de urnas electrónicas, así como de la figura de diputados migrantes o bien los candidatos independientes, resulta obligada una reconfiguración que permita que la democracia electoral se ajuste a los nuevos tiempos.
Es necesario establecer las normas que permitan superar el aparente diferendo que prevalece entre los consejeros electorales y el presidente Andrés Manuel López Obrador por lo que hace al rol que cada uno debe desempeñar durante las campañas electorales.
A la luz de la reingeniería que opera en el sistema político nacional resulta obligado que organizaciones sociales, intelectuales, académicos, institutos políticos y clase gobernante se aboquen a la tarea, de la mano del Legislativo, de ajustar normas y procedimientos para superar las estridencias.
Resulta obligado que el proceso electoral mexicano muestre su capacidad de resiliencia para responder al momento actual.
No solo se necesita reforzar las acciones de transparencia y financiamiento sino que es indispensable establecer parámetros claros y precisos en lo que hace al uso de los tiempos oficiales y la difusión de promocionales para evitar que se utilicen como vehículos de promoción de líderes nacionales o bien como escenarios propicios para el denuesto del adversario.
Independientemente de si Morena pierde o conserva la mayoría en la Cámara de Diputados o si es capaz de ganar la mayoría de los congresos estatales o las gubernaturas que estarán en juego el 6 de junio, lo que salta a la vista en este momento es la necesidad de un compromiso que derive en una reingeniería del sistema político electoral.
Señal
La tarea no será sencilla y es claro que debe constituirse en piedra angular de la Cuarta Transformación.
Al margen de lo señalado por Mario Delgado desde la dirigencia nacional de Morena; por Martí Batres o Ricardo Monreal, desde el Senado, en torno del árbitro electoral, lo evidente es que la Cuarta Transformación abarcará todos los sectores del sistema político mexicano y esa labor, además de requerir del concurso de la sociedad en general, conlleva la participación del grueso de los partidos políticos, amén de los poderes Legislativo y Judicial.
Pero sobre todo el impulso y guía del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien con toda seguridad sabrá establecer un esquema que privilegie la consulta popular para redefinir las reglas del juego y reconfigurar a instancias como el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Las condiciones están dadas: solo falta que tras concluir la elección intermedia el ciudadano presidente dé la señal de inicio.
Y en ese proceso lo primordial será que esa transformación no se aprecie como un acto de revancha, sino como un proceso necesario, como parte de los cambios que requiere el país para avanzar en un proyecto de largo plazo.
Consecuentemente, después de la elección más grande de la historia, sin duda empezará la reingeniería del sistema electoral mexicano, lo que a estas alturas de la administración de López Obrador y a la luz del escenario nacional se aprecia como impostergable.