Por el momento en el panorama electoral la atención se centra en la consulta sobre revocación de mandato que tendrá lugar en abril y posteriormente se desplazará hacia las gubernaturas que habrán de renovarse en el presente año. Sin embargo, la realización de la reforma electoral aparece como un tema inminente e ineludible.
Una reforma que no solo plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que también sugiere el PRI a través del diputado Rubén Moreira, quien preside la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y que supuesto secunda el coordinador de los diputados morenistas, Ignacio Mier.
A lo largo de su existencia el principal organismo electoral del país ha sido objeto de adecuaciones que van más allá de su ciudanización, el impulso al voto de los mexicanos desde el extranjero y la promoción del voto electrónico. Los integrantes de su Consejo General han sido sustituidos y su presidencia renovada de manera sistemática, en una clara muestra de respeto a las normas y observancia de la democracia.
En torno del INE y sus consejeros se ha dicho y especulado mucho. Sobre todo se ha dejado entrever que algunos responden a intereses partidistas, sin que hasta el momento haya prosperado señalamiento alguno.
Además, en el pasado reciente se puso en tela de juicio su capacidad de hacer frente a la organización de la consulta sobre revocación de mandato con el presupuesto aprobado por el Legislativo. E incluso es mucho lo que se ha hablado en torno de eventuales medidas de austeridad, incluida por supuesto la revisión de salarios y prestaciones.
Sin dejar de señalar la necesidad de trasladar a las entidades federativas por completo la responsabilidad de organizar y llevar a cabo los comicios locales.
Y todo ello se suma para crear las condiciones adecuadas para que una vez concluida la consulta sobre revocación de mandato y renovadas las seis gubernaturas el Legislativo se concentre en la tarea de sacar adelante una reforma electoral acorde con la dinámica y circunstancias particulares del país.
Sincronía
El presidente López Obrador señala con toda claridad que la reforma electoral tendrá dos ejes prioritarios: reducir gastos en el marco de la política de austeridad y evitar fraudes.
Por lo pronto los coordinadores de Morena y PRI en San Lázaro coinciden en la posibilidad de que en el segundo semestre del año avance la reforma electoral. En concreto, Ignacio Mier planteó que la reforma electoral a debatirse tras las elecciones de junio tendría como ejes la descentralización, que las entidades recuperen facultades en materia electoral, la reducción de costos y más fiscalización para el INE.
Por su lado, Rubén Moreira expresó preocupación por lo que denominó centralismo electoral, al tiempo que subrayó que el INE ha incurrido en errores en las elecciones estatales, como en el caso de Coahuila. También refirió que el centralismo electoral mella la soberanía de los estados, daña las finanzas de los estados y es una burla al pacto federal. Y resaltó que el PRI elabora su propia iniciativa de reforma electoral.
En suma: con el concurso, en principio, de manera abierta del PRI, mediante el cabildeo y la aproximación de las ideas la aprobación de la reforma electoral avanzará en el próximo periodo legislativo. Pero de manera previa, como sociedad, apreciaremos la realización de un Parlamento Abierto en el que sin duda los actuales y pasados consejeros electorales tendrán un papel fundamental para orientar el criterio de los legisladores.
Ello sin dejar de lado propuestas y consideraciones que en su oportunidad plantearán partidos políticos y especialistas en temas electorales.
Lo evidente e innegable es que los comicios a realizarse a partir de 2023 y por supuesto la elección presidencial, así como la de diputados federales y senadores en 2024, tendrán normas y un INE en sincronía con la nueva dinámica.