La aprobación de la asignación de la Guardia Nacional (GN) a supervisión de la Sedena demuestra que el presidente Andrés Manuel López Obrador resolvió el galimatías con que la oposición en el Legislativo busca frenar a la 4T.
Con la aprobación de la modificación a la Ley de Minas como antecedente ante la negativa de los adversarios para sacar adelante la reforma energética, el presidente ajustó la estrategia y definió la ruta que permitirá a Morena y sus aliados sacar adelante el resto de las iniciativas prioritarias sin desgastarse con la moratoria decretada por la coalición Va por México.
Así, sin alterar la dinámica del Legislativo, solo resta lograr que las iniciativas aprobadas tengan el mismo acompañamiento en el Senado. En lo inmediato, y ante la posibilidad de que los opositores interpongan un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), López Obrador logró sacar adelante la permanencia de la prisión preventiva con el respaldo del máximo tribunal. Y con ello demostró el acompañamiento que puede tener la 4T desde el Poder Judicial.
Además, en un acto de sinceridad republicana, desde Palacio Nacional el presidente reconoció que después de ver el estado de la seguridad pública al inicio de su administración decidió utilizar al Ejército para esa tarea. Con ello puso un freno eficaz a las críticas mordaces de adversarios que trataron de hacer escarnio de su cambio de postura.
Y de paso aprovechó una propuesta priista para conectar un cañonazo que pone en evidencia la débil fortaleza de la coalición opositora: planteó la posibilidad de que se realice una consulta sobre la permanencia del Ejército en la calle.
La consulta podría girar en torno de dos conceptos. Primero, si se quiere mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública; y, segundo, evaluar a la GN cuando pase a supervisión militar. Lo anterior al respaldar la propuesta del PRI de mantener al Ejército en las calles hasta 2028, lo que significaría ampliar el plazo que se estableció en la reforma constitucional que creó la GN en 2019 y establece que los militares deben volver a los cuarteles en 2024.
Así de frágil
La diputada priista Yolanda de la Torre logró que la junta directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados programara para el próximo 13 de septiembre la discusión de la iniciativa de reforma para alargar la presencia del Ejército en las calles hasta 2028.
Además, la propuesta se discutirá sin que se incluyan nuevos candados o controles para el uso del Ejército en tareas de seguridad pública. En lo inmediato, se aprecia que la propuesta priista contaría con el aval del ala legislativa de Morena y sus aliados.
Y ante esa posibilidad que significaría un drástico cambio de la posición asumida por la coalición opositora, el líder panista Marko Cortés exigió al PRI retirar la iniciativa.
Advirtió: “Espero que corrijan, que retiren la iniciativa o que la voten en contra, porque de no hacerlo el PRI cargaría con la responsabilidad de que no pueda continuar la coalición Va por México”. Por su parte, Jesús Zambrano sumó al PRD a la postura panista.
Alejandro Moreno respondió que el PRI no recibe ultimátum ni acepta órdenes de aliados ni de adversarios, por lo que PAN y PRD finalmente determinaron suspender temporalmente la coalición, lo que se traduce como un fin no reconocido de la moratoria constitucional y, por supuesto, de la suma de priistas, panistas y perredistas como oposición.
Así de frágil resultó la fortaleza de la oposición. Los priistas se doblaron y los panistas asumieron la posición que más les conviene para ganar adeptos, en tanto que los dirigentes del partido del Sol Azteca si bien cerraron filas para tratar de mantener la coalición, están más concentrados en tratar de sobrevivir.
Habría que esperar ahora a ver si el presidente pone en práctica la máxima popular que aconseja: a enemigo en retirada, puente de plata; o simple y sencillamente asume su victoria, con prudencia y altura de miras, para seguir de frente con la 4T.