SEGURIDAD DE CONCLUSIÓN PARA LOS PROYECTOS PRIORITARIOS

“Esto no tiene nada que ver con la transparencia”.

Samuel Rodríguez
Columnas
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Quienes aprecian un dejo de inconstitucionalidad y opacidad en el acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador que ubica en la esfera de seguridad nacional los proyectos prioritarios de la 4T se equivocan: se trata de una acción que lejos de privilegiar la opacidad antepone los intereses y el desarrollo nacional para agilizar y garantizar la viabilidad de los proyectos que lleva a cabo la administración federal en el ramo de infraestructura, sin duda fundamental para el bienestar colectivo.

La infraestructura en cualquier rama se traduce en el soporte del desarrollo industrial, social y comercial de toda nación, por lo que proteger su construcción no debe interpretarse como una acción dolosa.

No hay nada nuevo en el escenario, que no sea el aseguramiento de que no se opondrá ningún obstáculo a los proyectos que brindarán al país, en sus diversos rubros, no solo oportunidades de desarrollo comercial sino también social.

Sin duda una lectura adecuada y a detalle del acuerdo publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación del 22 de noviembre atemperará el ánimo de quienes aprecian fantasmas y desconfianzas donde no los hay.

No hay que olvidar que el presidente López Obrador, al igual que sus antecesores, está en su legítimo derecho de impulsar, promover y alentar las acciones que considere necesarias para el desarrollo nacional y la salvaguarda del interés público.

Por otro lado, no hay que olvidar que una parte sustancial de la información sobre los proyectos prioritarios de la actual administración son del dominio público, primordialmente en lo que hace a la asignación de contratos y la inversión de recursos provenientes del erario público.

Objetivos

En concreto el acuerdo persigue dos objetivos precisos: agilizar trámites para que no se dilate la conclusión y avance de las obras; y evitar que por la vía de los amparos los críticos frenen la puesta en marcha, por ejemplo, del aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya, que se aprecian como los tres principales proyectos de la 4T.

Pero no son los únicos que entrarían en el acuerdo. El texto, lejos de ser limitativo, es inclusivo y abarca a todas las obras y proyectos que se consideren prioritarios por parte del gobierno federal.

Consecuentemente, para propios y extraños, a fin de desmenuzar el tema con conocimiento de causa y no solo como consecuencia de una apreciación de botepronto, resulta indispensable leer con detenimiento el Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional.

De entrada hay que apuntar que es general al prever obras y proyectos que se consideren de interés público, seguridad nacional, prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional, por lo que es inclusivo.

Ya entrados en el plano del detalle, la explicación brindada desde Palacio Nacional por el presidente es clarificadora y aleja toda posibilidad de sospechosismo y politiquería.

López Obrador explicó que “es un acuerdo para agilizar trámites y que por los trámites burocráticos no se detengan las obras, que se pueda dar la confianza a las instituciones y a las empresas que trabajan en el Tren Maya para que los trámites que tienen que hacer para la realización de las obras sean más expeditos y se les dé también tiempo para presentar toda la documentación, en el entendido de que las empresas, las dependencias del gobierno federal, pues están regidas por principios de protección al medio ambiente, de justicia, de honestidad, y que se le tienen que dar facilidades y se le tienen que tener confianza a las dependencias (...) Esto no tiene nada que ver con la transparencia. Las secretarías, todos, estamos obligados a rendir cuentas”.

Y con ello quedó claro el propósito central y dimensiones del acuerdo, con el que se pretendió encender focos de alarma donde no los hay.