En un principio vertiginoso de sexenio, el presidente Enrique Peña Nieto presentó el 10 de diciembre una propuesta de reforma constitucional en materia educativa. El propósito, señaló, es lograr que el Estado retome el control del sistema educativo nacional.
“De aprobarse esta iniciativa —dijo Emilio Chuayffet, el nuevo secretario de Eucación—, el Constituyente Permanente será el que adopte decisiones que ya no pueden postergarse: uno, la obligación de la evaluación, que no es potestativa y generará consecuencias jurídicas; dos, la no sujeción de la evaluación a caprichos o a intereses particulares; tres, la imposibilidad de pactar o diferir la evaluación”.
Muchos observadores vieron esta iniciativa como una confrontación directa con la maestra Elba Esther Gordillo, cabeza del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), pero al día siguiente el sindicato dio su aval a la reforma. Al parecer hubo incluso un acuerdo previo entre la organización y el gobierno del presidente Peña Nieto.
La objeción a la reforma provino de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (la CNTE), que controla la sección 22 del estado de Oaxaca, la sección 18 de Michoacán y que tiene presencia en algunos otros estados. Los líderes de la CNTE afirmaron que la iniciativa es el primer paso a la privatización de la educación, aunque Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, que apoya la reforma y que señala que contiene muchas de las exigencias de la izquierda, afirmó que la posición de la CNTE era reaccionaria y buscaba simplemente mantener privilegios especiales.
Calidad
La reforma propone entre otras cosas darle autonomía al Instituto Nacional de Evaluación Educativa y pedirle al INEGI que haga un censo nacional de escuelas y maestros en el país.
No queda claro que sea necesario acudir a una reforma constitucional para lograr estos propósitos, pero ya sabemos que a los gobiernos en México les encanta enmendar la Constitución, que por eso está tan llena de parches.
El propósito fundamental de la reforma, sin embargo, es inobjetable. México necesita una mejor calidad en la educación y esto no se logrará si no se establece un sistema de medición de los desempeños. Nuestro país ha ampliado de manera significativa la cobertura educativa en los últimos años, pero en calidad seguimos quedando muy atrás de los otros países con los que competimos en el mundo.
El gobierno del presidente Peña Nieto ha mostrado una voluntad política innegable al impulsar esta iniciativa, la cual seguramente será aprobada en breve tiempo en el Congreso de la Unión y en las legislaturas locales como se requiere.
Pero la verdadera prueba vendrá cuando haya que obligar a los maestros de la CNTE a trabajar bajo las nuevas reglas. Muchos gobiernos anteriores han tenido que echarse para atrás cuando han tenido que aplicar medidas de mejora educativa en estados como Oaxaca y Michoacán. Habrá que ver cuál es la fuerza del gobierno de Peña Nieto cuando la CNTE suspenda clases, monte plantones en la ciudad de Oaxaca y en Morelia y bloquee la circulación en las carreteras de Oaxaca y Michoacán.