No hay duda de que la Constitución establece en su artículo 115 que los municipios son los responsables de guardar la seguridad. Pero también es claro que la enorme mayoría de los gobiernos municipales simplemente no cuenta con la capacidad para oponerse al crimen organizado que hoy agobia a nuestro país. Ese es el gran dilema al que México se enfrenta en la discusión sobre el Mando Único de las policías.
En estos días en que las bandas criminales tienen enormes poderes y recursos cuantiosos, los cuales surgen fundamentalmente del tráfico de enervantes pero también de otras actividades delictivas, las policías municipales han sido incapaces de prevalecer. De hecho, muchos municipios tienen recursos tan precarios que ni siquiera llegan a tener policías o las que tienen son escasas y con poca capacitación o armamento.
El Mando Único es una idea necesaria para México. De momento se está planteando para los estados, pero debe considerarse también la posibilidad de tener una policía nacional que tenga poderes para enfrentar no solo a los delincuentes del orden federal, sino también a los del fuero común. En muchos países del mundo la policía nacional es una fuerza importante que ayuda a la preservación de la paz y la tranquilidad.
Para que eso se pueda hacer en México, sin embargo, es necesario modificar la Constitución. No tiene sentido dejar la responsabilidad más importante del Estado, la preservación de la seguridad de los gobernados, en las manos del orden más débil de la propia estructura del Estado.
Los municipios viven en una penuria indignante, en parte porque la Constitución les impide recaudar de muchas maneras, pero además porque los ingresos que la ley les permite, como el impuesto predial, no lo pueden o no se atreven a recaudarlo. Los municipios viven así del dinero que reparte el gobierno federal, con el problema de que este naturalmente siempre buscará quedarse con lo más que pueda de lo que se recaude con impuestos federales.
Sistema
México sufre un verdadero estado de guerra en algunas entidades. Guerrero es, sin duda, el peor de todos los casos. Pero en entidades vecinas, como Morelos, la delincuencia se mantiene en muy altos niveles. Las bandas de delincuentes, después de todo, no tienen problemas en cruzar las fronteras estatales o municipales. Lo absurdo es que los policías no lo puedan hacer.
Enfrentar a las bandas del crimen organizado con policías divididas y mal armadas no tiene ningún sentido. En cualquier ejército es importante consolidar las fuerzas dispersas. Esto lo han sabido todos los estrategas militares de la historia. Es indispensable también tener mandos unificados o cuando menos coordinados. De otra manera para la delincuencia será muy fácil derrotar a la policía.
Pero las cosas se deben hacer bien. No tiene mucho sentido que los gobiernos estatales estén suplicando la colaboración de los municipales, especialmente cuando muchos de estos están coludidos con el crimen organizado. Debe haber un marco institucional que ayude a establecer mandos únicos en cada estado o incluso que busque crear una policía nacional.
La modificación del artículo 115 constitucional es cada vez más necesaria. La Constitución no debe dar al orden más débil del Estado la facultad de desempeñar la tarea más importante. De hecho, desde el punto de vista de diseño institucional, tener más de dos mil policías en el país es una insensatez. No sorprende que México viva una situación de inseguridad tan generalizada con una impunidad que es casi absoluta.
Pero no le echemos la culpa a los policías o a los gobernantes. Veamos las razones institucionales del problema. Es el sistema el que ha fracasado.