El pasado mes de abril cayeron 19.9% las ventas totales de las cadenas de la ANTAD. A tiendas iguales, que es la forma en que este sector suele medir su desempeño, el desplome fue todavía mayor: 22.9 por ciento.
Estas son en buena medida grandes cadenas con suficiente capacidad para sobrevivir. Las cifras, por otra parte, incluyen a muchos supermercados, que pudieron permanecer abiertos mientras otros comercios eran forzados a cerrar. Las tiendas aisladas, los pequeños comercios, sufrieron sin duda golpes más fuertes.
También en abril se perdieron 555 mil 247 empleos formales registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es la peor cifra para un mes de abril desde que se tiene registro. En el mismo mes de 2009, en medio de la crisis financiera y la epidemia de AH1N1, la caída fue de 60 mil 218. En abril de 1995, con el derrumbe de inicios del sexenio de Ernesto Zedillo, la pérdida de empleos formales fue de 184 mil 886.
Lo peor es que la crisis apenas comienza. No sabemos realmente qué tan fuerte pueda llegar a ser en México. A la caída producida por la pandemia y los cierres de actividades económicas hay que añadir los problemas que ya se venían acumulando desde antes. La inversión fija bruta tuvo un desplome de 10.2% anual en febrero de 2020, antes de que la pandemia pegara a nuestro país.
En el primer trimestre de 2020 se registró una contracción económica de 1.6%. El presidente López Obrador dijo que no era tan fuerte como se temía, quizá porque la comparaba con 4.8% de Estados Unidos. Solo que en la Unión Americana el Bureau of Economic Analysis anualiza las cifras trimestrales del PIB. Si el INEGI hiciera lo mismo el descenso en nuestro país habría sido de 6.5%, bastante más fuerte que el estadunidense.
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Quizás el presidente tiene razón cuando dice que el gobierno no debe rescatar empresas fallidas. La mayoría de los países están aplicando políticas anticíclicas, están endeudándose y gastando dinero que no tienen para producir un crecimiento económico artificial. Lo mismo hizo Franklin D. Roosevelt en Estados Unidos durante la Gran Depresión. Pero muchas veces ese gasto no ayuda en realidad a la economía y sí genera corrupción y favoritismo.
Pero lo que el gobierno puede hacer es dejar de poner obstáculos a la inversión privada. Los impuestos en México son excesivamente altos. La tasa de ISR a las empresas es de 30%, pero además se cobra 10% de reparto de utilidades y 10% adicional al retirar dividendos, lo que lleva la carga total a 50%. En Suecia, un país con reputación de alta carga fiscal, el impuesto corporativo es de apenas 22 por ciento.
En México, por otra parte, el gobierno está cancelando inversiones ya muy avanzadas. Lo hizo con el aeropuerto de Texcoco y con la planta cervecera de Mexicali. Ha repetido la dosis al cancelar las conexiones de nuevas plantas de generación de electricidad solar y eólica. No solo está obligando a los consumidores a pagar por una electricidad más sucia y cara sino que está mandando el mensaje de que las reglas pueden ser modificadas de manera discrecional después de la inversión.
México está empezando a caer en un abismo. Esto es en parte producto de circunstancias externas, pero también de errores propios. Tal vez el rescate de empresas no es la mejor estrategia, pero respetar el Estado de Derecho y cobrar impuestos moderados tiene mucho sentido.