¿Qué significa un presupuesto de gasto de siete billones 88 mil millones de pesos? Es un monto difícil de imaginar, en parte porque la palabra “billón”, que en español significa “un millón de millones”, se confunde con la inglesa billion, que quiere decir “mil millones”. Pero no: en el caso del Presupuesto de Egresos de nuestro gobierno estamos hablando de siete millones de millones de pesos.
¿Cuánto es esto en un país con una población de 129 millones? Son 54 mil 988 pesos por cada habitante. Si una familia mexicana tiene en promedio cuatro integrantes, esto significaría que cada una debería recibir 220 mil pesos al año en servicios gubernamentales. Pero esto no es así. Si lo fuera, la pobreza en México habría dejado de existir hace mucho tiempo.
En este punto coincido con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El gobierno mexicano ha construido un costoso e ineficiente aparato burocrático que otorga servicios públicos escasos y de mala calidad. Es mejor repartir el dinero directamente a los pobres, como proponía el economista liberal Milton Friedman con su concepto del “impuesto negativo”, que crear instituciones que cuestan más de lo que valen.
López Obrador aumentó de forma muy importante la cantidad de dinero que otorga a los programas sociales, como los de adultos mayores, jóvenes sin trabajo ni escuela, campesinos que siembran árboles y muchos más. El problema es que su gobierno no ha sabido medir de forma adecuada los impactos de estos programas, por lo que el enorme gasto avanza a ciegas.
La aprobación del paquete presupuestario es una de las tareas más importantes de un Estado. No hay responsabilidad mayor para un gobierno y para los legisladores que determinar cómo se recaudará el dinero de los ciudadanos y cómo se gastará. Por eso hay tantos pleitos políticos en torno de la definición de los ingresos y los gastos gubernamentales.
Intenciones
Mucho se dice que en México la recaudación es baja, pero rara vez se explica por qué. Las tasas de impuestos son en realidad altas; el problema está en la evasión y la informalidad. El Impuesto Sobre la Renta de las personas físicas llega a un nivel de 35%, mientras que el de las empresas se encuentra en 30%. Estas últimas, sin embargo, deben también cubrir el “reparto de utilidades”, 10% adicional, y un gravamen extra de 10% para los accionistas al retirar dividendos. A esto hay que añadir impuestos sobre nóminas y los pagos del IMSS y el Infonavit, lo cual lleva la carga fiscal total a un monto cercano a 60% de las utilidades. Por eso las empresas pequeñas tienen tantos problemas para sobrevivir si no evaden al fisco. Solo las grandes corporaciones, con ventajas de escala y ejércitos de contadores y abogados, pueden prosperar en México.
El gasto, como hemos visto, es también alto: casi 55 mil pesos al año por cada habitante. El problema es que este dinero nunca se ha usado bien: no ha promovido el desarrollo, pero tampoco ha combatido la pobreza.
López Obrador ganó la Presidencia en 2018 prometiendo un gobierno austero que utilizaría los recursos del gobierno para beneficiar a los más pobres. Las intenciones son impecables. Usar el dinero público para transferencias directas a los pobres en vez de crear grandes instituciones burocráticas es también correcto. Lo cuestionable es que el dinero se use en programas que no tienen hasta el momento reglas, objetivos y padrones claros.