“Violencia pone en peligro la democracia”

La Confederación Patronal de la República Mexicana refiere que “desde el pasado 7 de septiembre de 2020, en el que inició formalmente el proceso electoral, y hasta el 20 de marzo de 2021, el Indicador de Violencia Política en México (IVP) publicado por Etellekt Consultores, registró un total de 238 agresiones contra personas políticas con un saldo de 218 víctimas de diversos delitos, de las cuales 166 eran hombres y 52 mujeres”.
Además, apunta, “un reporte elaborado por Integralia Consultores muestra que hasta febrero se contabilizaban 75 asesinados categorizados como violencia política. De ellos, 51.6% han sido en contra de funcionarios en activo, 19.8% a militantes y aspirantes a cargos de elección popular, 13.2% contra ex funcionarios públicos, y 15.4% en contra de activistas y periodistas”.
“Más de la mitad de los hechos de violencia política (como asesinatos y agresiones) se concentran en siete estados: Baja California, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Oaxaca y Veracruz. Mientras que en Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Sinaloa Veracruz, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) identificó un alto riesgo de que las y los candidatos sean cooptados por la delincuencia organizada”.
“Un alto porcentaje de estos incidentes se ha registrado en municipios con menos de 100 mil habitantes y alejados de los centros urbanos, lo cual es un signo de alerta puesto que muchas de las candidaturas serán disputadas precisamente en comunidades alejadas en las que se dificulta la presencia de las fuerzas federales”.
En ese sentido, el organismo recomienda:
1. Atender los principales riesgos de cara a la elección, el mayor de ellos: El riesgo de colusión con el crimen organizado. Esta labor debe ser conjunta entre el INE, las autoridades y fiscalías federales y locales para el monitoreo de los perfiles de los aspirantes, de tal manera que se cierre cualquier resquicio por el que podrían acceder a candidaturas personajes vinculados al crimen organizado. Por supuesto que la responsabilidad de los partidos en la revisión de los antecedentes de sus postulados debe ser el primer filtro.
2. La estrategia de protección debe ser integral. Además de considerar la prevención de asesinatos deben contemplarse los principales tipos de agresiones que se están suscitando: Amenazas con el 30% de los casos reportados; 7% privación ilegal de la libertad; 6% atentados contra familiares; 4% robo de oficinas; 4% daño a la propiedad; 3% ataques contra colaboradores; 2% lesiones; 1% intimidación según la información del reporte elaborado por Etellekt Consultores.
3. Estrecha coordinación entre autoridades: Uno de los elementos más delicados es el financiamiento o donativos en especie que reciban los candidatos, provenientes de fuentes ilícitas y que podrían comprometerlos, por ello es fundamental la coordinación entre el INE y autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera. Por otro lado, la coordinación entre autoridades federales y estatales para salvaguardar la integridad de los candidatos, sus equipos, los militantes y los ciudadanos antes y durante el día de la elección.
4. Mesas de Trabajo con partidos y sociedad civil. Reconocemos que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana establezca mesas de trabajo, creemos que deben fortalecerse con la participación de la sociedad civil y con el uso de información estadística para la identificación de regiones y zonas con alta peligrosidad de manera que se focalicen los esfuerzos.
5. Énfasis en la evaluación periódica. Un pilar de cualquier estrategia debe ser su permanente flexibilidad y capacidad de adaptación, que sólo es posible si se realiza una evaluación periódica de sus resultados.