La Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL) o las fiscalías estatales especializadas en la materia, son las autoridades responsables de conocer y perseguir posibles delitos electorales como la compra y coacción del voto a cambio de programas sociales.
Aunque los programas sociales no deben suspenderse o cancelarse de manera injustificada en el periodo de campañas electorales no pueden ser entregados en eventos masivos o en modalidades que afecten el principio de equidad en la contienda. Asimismo, en ningún momento la entrega de programas sociales puede estar condicionada con fines electorales.
A fin de evitar o prevenir la compra o coacción del voto, el INE dispone de diversos mecanismos que blindan el derecho de las personas a votar en secrecía y de manera libre. Se trata de una serie de acciones concatenadas que generan certeza y confianza en la ciudadanía, de que el voto será respetado.