Las comisiones del Trabajo y Hacienda en la Cámara de Diputados aprobaron con 43 votos a favor, doce en contra y una abstención una ampliación de un mes de prórroga a la reforma en materia de subcontratación (o de outsourcing) propuesta originalmente por el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal.
Sin duda el tema es de gran interés para el país porque la reforma al outsourcing tiene como eje central regular su uso y solo permitirla en actividades especializadas, por lo que más de cuatro millones de trabajadores contratados bajo este esquema deberán ser regularizados.
El Poder Legislativo señala igualmente que otro objetivo de esta iniciativa es combatir malas prácticas vinculadas a la subcontratación, cuyo esquema laboral ha servido en ciertos casos para vulnerar derechos de los trabajadores establecidos en la Ley Federal del Trabajo.
Antecedentes
En junio del año pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló: “Vamos a presentar una iniciativa de ley para poner orden en todo lo relacionado con el outsourcing. Este se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal y afecta a los trabajadores”.
De esta forma el presidente anunciaba su intención de reformar la ley para regular el outsourcing en México.
El 23 de abril el mandatario anunció la publicación del decreto de la reforma que regula el outsourcing en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo que busca establecer relaciones obrero-patronales más equilibradas y beneficiar al trabajador.
Dicha reforma de subcontratación entró en vigor el 24 de abril de este año y a partir de esa fecha comenzaron a correr algunos plazos, mientras que las disposiciones fiscales, en los términos actuales, empezarían a correr a partir de este domingo 1 de agosto.
Entre las modificaciones al marco regulatorio destacan la prohibición del outsourcing con base en suministro de personal y nuevos criterios para la subcontratación de servicios especializados, como la inscripción al Registro de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse) de las empresas del sector y la restricción para que solo se puedan subcontratar actividades que no formen parte del objeto social y actividad económica preponderante de las compañías contratantes.
Demora
La reforma que se aprobó en abril consideró un periodo de 90 días a partir de su entrada en vigor, que se cumplió este 31 de julio pero que fue insuficiente por la cantidad de trámites que deben realizarse.
Por ello diversos líderes empresariales señalaron dificultades para registrar a sus trabajadores en el nuevo esquema laboral y solicitaron una ampliación del plazo.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) indicó que “es una reacción a la realidad de que el sistema no ha sido suficientemente ágil, porque se requieren requisitos de distintos organismos para poderse registrar y por eso insistimos en la necesidad de que se amplíe el plazo”.
Agregó: “Desde luego que estamos de acuerdo en que se aplique la ley como se aprobó; simplemente desde el principio señalamos que si algo hacía falta era que se ampliaran los plazos”.
De hecho, especialistas en materia laboral coincidieron en aquel entonces en que llevar los cambios para regular el outsourcing del papel a la práctica evidenció algunos inconvenientes que dificultaron el cumplimento de las empresas y retrasaron los trámites.
Conforme avanzó el tiempo la regularización se tornó en una carrera contrarreloj. Ante los inconvenientes, la Cámara de Senadores oficialmente reabrió un debate en torno del plazo para la aplicación de la reforma de subcontratación promulgada el 23 de abril.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió así, el 21 de julio, una iniciativa del senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la cámara alta, para ampliar hasta el 1 de septiembre todos los plazos de transición de la reforma de outsourcing.
En el documento se planteaba extender los tiempos previstos inicialmente para la transferencia de personal, la sustitución patronal, los cambios ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la inscripción en el Registro de Servicios Especializados u Obras Especializadas y las nuevas reglas fiscales.
“Conscientes del gran esfuerzo que la transformación del régimen de subcontratación de prestación de servicios y obras de carácter especializado implica para la actividad económica y productiva, los suscritos proponemos que se amplíe, por única vez, este aplazamiento para que se cumpla satisfactoriamente con los extremos del citado decreto”, expresó el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado en el documento.
La iniciativa presentada por el senador Monreal modificaba seis de los diez artículos transitorios de la reforma aprobada por el Congreso de la Unión en abril, todos ellos referentes a los plazos de transición para que las empresas se adapten a las nuevas disposiciones.
Monreal afirmó entonces que su intención era que la iniciativa se pudiera dictaminar a la brevedad para entonces convocar a un periodo extraordinario de sesiones y votar los cambios al régimen transitorio de la reforma.
Periodo extraordinario
Así, con el objetivo de dar trámite a varios asuntos pendientes, la Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso aprobó el dictamen para convocar a un periodo extraordinario de sesiones el 30 de julio pasado.
Con doce votos a favor, uno en contra y una abstención se logró el acuerdo para la convocatoria, que incluyó la reforma en la regulación del outsourcing, para ampliar el plazo en que las empresas se deben regularizar, así como la ratificación por parte de la Cámara de Diputados (el próximo 3 de agosto) de Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda; y, por parte del Senado, de Roberto Salcedo como nuevo titular de la Función Pública. Sin embargo, se excluyeron de este periodo los desafueros de los diputados Mauricio Toledo y Saúl Huerta, así como del fiscal de Morelos, Uriel Carmona.
Debate
Si bien el plazo de prórroga a la reforma de outsourcing fue extensa, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Previsión Social en la Cámara de Diputados aprobaron una ampliación de un mes a dicha reforma, que fue lo propuesto originalmente por el senador Ricardo Monreal.
En el dictamen se estableció el 1 de septiembre para que las empresas terminen de cumplir con los requisitos que deben emprender a fin de evitar sanciones.
Cabe resaltar que la mayoría de los diputados rechazaron la propuesta que elaboró la Comisión de Hacienda en un primer dictamen, donde se sugerían cinco meses de ampliación. Presentada como reserva en la discusión en lo particular, la mayoría desechó debatir el tema de los cinco meses.
Aleida Alavez, diputada por Morena, señaló que su partido y el gobierno mostraban señales de buena voluntad al admitir la posibilidad de ajustar el plazo para regularizar el régimen de subcontratación.
“Estamos siendo responsables para ampliar un mes más el plazo y que el sector pueda ajustar sus sistemas jurídicos para evitar infracciones a la ley y garantizar derechos a los trabajadores”, puntualizó.
“Ya hubo una consulta entre el Ejecutivo y el sector empresarial. ¿Para qué mayor prórroga? Estamos dispuestos a cumplir con la gente”, agregó.
Por su lado, la petista Margarita García solicitó evitar discusiones estériles porque lo que interesan son los trabajadores. “Lo que nos importa es cumplir con la ley y proteger a los trabajadores”, afirmó.
Legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se manifestaron en cambio a favor de un plazo mayor a un mes. El diputado Fernando Galindo indicó que a finales de agosto se podría dar de nuevo la discusión sobre el plazo insuficiente para que todas las empresas se pongan al corriente.
Señaló que es necesario más tiempo para realizar los diversos trámites solicitados ante la Secretaría del Trabajo, el IMSS, el Infonavit y el SAT. “Hay que pensar con cuidado, dar certidumbre, apoyar a los empleadores… y en un solo mes no se logrará el objetivo; en un mes no se resolverá el problema que no se ha solucionado en los últimos tres meses”, expresó.
Se debe “ampliar a un plazo razonable, creíble, con el que tengamos todos la certeza de que se va cumplir en tiempo y forma, no solo porque está en la ley”, explicó Galindo.
En tanto, el panista José Isabel Trejo expuso que “la reforma arrojó que la realidad es otra en las circunstancias de derecho administrativo, de oficinas, de los trabajadores y las empresas”.
Al pronunciarse en favor de la propuesta de cinco meses de gracia insistió en que “ampliar la prórroga hasta diciembre no significa que ‘ahí se la lleven’: lo que queremos es que funcione. Sería una diferencia de cuatro meses en el plazo y debemos ver que el Covid-19 ha impedido hacer muchos trámites, la reforma se aprobó como si hubiera condiciones de normalidad”.
El diputado panista afirmó que no dar un mayor tiempo tendrá consecuencias más adelante.
A su vez, el diputado del Partido del Trabajo, José Luis Montalvo, aseveró que entendía las dos visiones para resolver el problema, pero desde su punto de vista el mes es suficiente.
La presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas, señaló que solo 30% de las empresas concluyeron los trámites y por eso se plantea mayor tiempo para que todos estén en cumplimiento de la ley.
No obstante el debate, las comisiones incorporaron un párrafo en los considerandos de dictamen que señala: “Estas comisiones dictaminadoras consideran que ampliar el plazo hasta enero de 2022 iría en contra del espíritu del decreto publicado el 23 de abril, ya que ello significaría dar cabida a continuar con las violaciones de derechos laborales que se mantuvieron por décadas y que se pretenden eliminar. Cabe señalar que durante el proceso legislativo se estuvo de acuerdo en la suficiencia del periodo de 90 días para que las empresas pudieran adecuarse a las nuevas obligaciones que emanaron del multicitado Decreto. No obstante, en un ánimo de cordialidad, entendimiento y apertura se considera ampliar un mes el periodo para realizar todos los ajustes que esta reforma conlleva y así apoyar tanto a las empresas como a sus trabajadores”.
Con la ampliación del plazo el dictamen no solo da respiro al sector privado, sino también a las oficinas gubernamentales para absorber a los empleados que están bajo régimen de subcontratación de servicios.
Roberto Salcedo
Por otra parte, el Senado de la República aprobó la ratificación del nombramiento de Roberto Salcedo Aquino como titular de la Función Pública en sustitución de Irma Eréndira Sandoval con 97 votos a favor, 14 en contra (del PAN) y una abstención.
Los panistas Damián Zepeda y Xóchitl Gálvez anunciaron el voto en contra de la bancada por considerar que la Función Pública no da resultados en el combate a la corrupción y a la impunidad.
“Prometieron acabar con adjudicaciones y no hay nada. Ni han acabado con los escándalos de corrupción. ¿Qué ha pasado? Absolutamente nada. No puedo avalar este nombramiento cuando (Salcedo) ha sido corresponsable de esta falta de resultados en la Función Pública porque ocupaba el segundo lugar en importancia”, planteó Zepeda.
“La Secretaría de la Función Pública sigue quedando a deber: 80% de compras de bienes y servicios ha sido por adjudicación directa. Parece que la opacidad es la norma en la fiscalización de proyectos multimillonarios”, añadió Gálvez.
Germán Martínez, senador por Morena, declaró su beneplácito por el nombramiento de Salcedo Aquino a quien, afirmó, conoció y trató cuando el primero encabezó la Función Pública.
“Conoce la ley, está atento; siempre me ayudó como contralor de la Auditoría Superior con inteligencia y prudencia. Es un gran nombramiento y es un gran servidor público”, agregó Martínez.
La senadora priista Nuvia Mayorga deploró que la Función Pública haya sido a su juicio usada como “un instrumento de presión”. En tribuna, sin embargo, se pronunció en favor de la designación de Roberto Salcedo, aunque dijo que no hay avances en contra de la corrupción, en particular sobre las compras de medicamentos.
Noé Castañón Ramírez, de Movimiento Ciudadano, apoyó el nombramiento y dijo que el funcionario tiene el compromiso de combatir las causas y efectos de la corrupción mediante la prevención y acciones coordinadas, así como mejorar la eficacia de la gestión gubernamental, el cumplimiento de las metas, la óptima utilización y profesionalización del recurso humano y la revisión de los planes de austeridad.
Cambios del outsourcing
1. Prohibición La subcontratación de personal queda prohibida en el país.
2. Excepciones permitidas Solo se permitirá el outsourcing para la contratación de servicios u obras altamente especializados y ajenas a la actividad económica de la empresa.
3. Nuevo papel de agencias de empleo Las agencias de colocación ya no podrán contratar al personal. Se limitarán a reclutar, seleccionar y capacitar a los trabajadores sin colocarse como patrones.
4. Control a cargo de la STPS Los contratistas dedicados a proveer personal deberán contar con un registro en el patrón de la STPS. Este permiso se renovará cada tres años.
5. Vigilancia del Infonavit Cada cuatrimestre los contratistas deberán entregar reporte detallado al Infonavit sobre los contratos de sus trabajadores y el salario base.
6. Compromiso de las autoridades La STPS dispone de un plazo de 30 días para publicar las reglas para que las empresas de subcontratación puedan registrarse. Se espera que esto ocurra a finales de mayo.
7. Limitación fiscal Las personas físicas y morales solo podrán deducir los pagos de subcontratación por servicios ajenos a su razón social.
8. Multas, castigos y sanciones La multa por prestar servicios de subcontratación sin el registro ante la STPS será de dos mil a cinco mil veces la UMA (de 179 mil a cuatro millones de pesos, aproximadamente). Se presumirá la existencia de defraudación fiscal en los casos de simulación de la prestación de servicios especializados. La sanción por impedir la inspección y vigilancia de las autoridades de trabajo ascenderá a 448 mil 100 pesos. La prestación y contratación de servicios ilegales podrá merecer penas de prisión de tres a seis años.
9. Responsables solidarios Las empresas que subcontraten personal serán responsables solidarias en caso de que el contratista incumpla con sus obligaciones patronales.
10. Reparto de utilidades El máximo de PTU será la cantidad que resulte mayor de entre tres meses del salario o el promedio recibido en los últimos tres años.
Ventajas y desventajas del outsourcing
Ventajas
Permite a la empresa enfocarse en su actividad principal.
Reduce costos de ciertas áreas.
Favorece el crecimiento de la empresa.
Se delegan procesos.
Permite integrar personal especializado o extranjero a la empresa.
Desventajas
El trabajador no pertenece estrictamente a la empresa, lo que puede provocar mucha rotación.
Se limita la oportunidad de crecimiento y promoción.
Falta de mayores prestaciones laborales.
Hay riesgo de caer con una simuladora de outsourcing que no tenga el registro establecido por la ley, lo que afectaría directamente a los trabajadores.
Si la subcontratación no es formal los empleados podrían no gozar de sus derechos laborales.
Fuente: Factorial
Roberto Salcedo Aquino
Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución de la cual es catedrático. Entre otros cargos se ha desempeñado como subsecretario de Fiscalización y Combate a la Corrupción; auditor especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación; director de Planeación, Promoción y Asistencia Técnica de Banobras, y oficial mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores.