La Cámara de Diputados recibió los Informes individuales de la segunda entrega de resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Las auditorías correspondientes se practicaron a las dependencias y organismos autónomos federales, así como a los recursos que el gobierno de la República destina a las 32 entidades federativas.
De manera particular la ASF expuso que de la revisión del ejercicio de recursos destinados a los estados se determinó “un monto observado de 25 mil 748 millones de pesos, de los cuales se recuperaron 738 millones. Los 25 mil 10 millones restantes son montos aún susceptibles de aclararse”.
En cuanto a las dependencias federales el organismo detalló irregularidades fundamentalmente en Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Recursos federales
David Colmenares Páramo, titular de la ASF, precisó que en 2019 el gasto federalizado significó 33.1% del gasto neto total de la Federación (5.8 billones de pesos), “lo que quiere decir que una tercera parte del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) fue operado por las entidades federativas y los municipios”.
En este sentido indicó que “la fiscalización de estos recursos se ha convertido en un reto debido al elevado número de ejecutores, así como su dispersión en el territorio nacional”.
Aclaró que en el documento de Resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 que recién entregó a la Cámara de Diputados se incluyen los informes individuales de 370 auditorías de fondos y programas que ejecutaron el gasto federalizado programable, así como las participaciones federales.
Concretamente el documento de la ASF detalla: “Del monto total observado, 25 mil 748 millones de pesos, 54.6% correspondió a falta de documentación comprobatoria; 8% a pagos improcedentes o en exceso; 6.5% a recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados, ni comprometidos y sin ser reintegrados a la Tesorería de la Federación; y 4.9% a transferencias de recursos a otras cuentas bancarias. Y el restante 26% correspondió a otros conceptos”.
Señala también que “del monto total observado 83.1% fue determinado en las auditorías realizadas al gasto federalizado programable; 13.2% a las revisiones del cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera; y el restante 3.7% a la distribución de las participaciones federales”.
Asimismo el documento de la ASF desglosa por conceptos el porcentaje de recursos “observados” como resultado de las auditorías: “En el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud se concentró la mayor proporción del monto observado con 38.4%, nueve mil 537 millones de pesos; el Seguro Popular representó 34.3%, ocho mil 500 millones de pesos; el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera 13.7%, tres mil 393 millones de pesos; finalmente 10.7%, dos mil 668 millones de pesos, correspondieron a las revisiones al Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral”.
Denuncias penales
El titular de la Auditoría Superior de la Federación expresó que el documento entregado a los diputados también da cuenta de lo relativo a la Auditoría especial de seguimiento, informes e investigación, esto es, las acciones desprendidas de las auditorías efectuadas en la administración pasada.
“Respecto del seguimiento de acciones cabe señalar que desde la fiscalización de las cuentas públicas de 2014 a 2018 se han emitido 48 mil 947 acciones, cifra que abarca las acciones que estaban en rezago y las nuevas que se han emitido”, puntualizó.
Al respecto abundó: “Del 15 de marzo de 2018 a la fecha hemos presentado 117 denuncias penales correspondientes a las cuentas públicas de 2014 a 2018. No obstante no debemos perder de vista que el proceso de presentación de denuncias penales es dinámico y la ley establece que estas deben presentarse únicamente cuando se cuente puntualmente con los elementos legales respectivos”.
El auditor explicó: “En cuanto a las denuncias penales resulta importante destacar el hecho de que a la Auditoría Superior de la Federación se le ha reconocido el papel de parte ofendida en los procesos judicializados. Gracias a este avance la institución puede colaborar con la Fiscalía General de la República en las distintas audiencias que se celebren, en virtud de la admisión de su carácter de órgano encargado de salvaguardar el patrimonio de la Hacienda Pública Federal”.
Hallazgos en la 4T
Otros resultados presentados en el informe de la Auditoría Superior de la Federación tienen que ver con las auditorías realizadas a Pemex, la CFE y el ISSSTE.
En el caso de Pemex la ASF auditó las contrataciones relacionadas con las tecnologías de información y comunicaciones y reportó lo siguiente: “Se detectaron servidores y equipo de cómputo con sistemas obsoletos que ya no cuentan con soporte por parte del fabricante, lo cual aumenta el riesgo para la seguridad de la información debido a las faltas de actualizaciones de seguridad para remediar vulnerabilidades que están expuestas a ataques cibernéticos”.
De acuerdo con la ASF dicha vulnerabilidad provocó el “ataque cibernético” a la empresa productiva del Estado el pasado 10 de noviembre de 2019, a manos de un hacker.
En el caso de la CFE la Auditoría Superior de la Federación fiscalizó la gestión financiera de los fideicomisos CFE Fibra E y Promovido (80758) para verificar que los ingresos por derechos de cobro se realizaron conforme a los contratos de los fideicomisos y que los egresos por la operación de los fideicomisos fueron autorizados.
Al respecto detectó que en 2018 la CFE aprobó la realización de 24 proyectos del Servicio Público de Transmisión con recursos provenientes del Fideicomiso CFE Fibra E y, sin embargo, en 2019 inició cuatro proyectos de transmisión para los que utilizó recursos del propio presupuesto de la empresa y no así del referido fideicomiso.
De acuerdo con la ASF esta situación implica que no se han utilizado los recursos del fideicomiso Fibra E “ni se ha definido su destino”.
Para la Auditoría Superior de la Federación queda claro que la decisión de no utilizar los recursos del citado fideicomiso “generó un efecto financiero neto desfavorable” para la CFE, del orden de los dos mil 246 millones 938 mil pesos.
En cuanto al ISSSTE la ASF fiscalizó adjudicaciones directas para los servicios administrados de ambiente de prueba y calidad, de infraestructura de centro de datos y de equipo de cómputo personal.
Y detectó que “se solicitaron servicios ajenos a la naturaleza de los objetivos de los contratos” y en consecuencia estos “no se ocuparon o tuvieron poca utilidad”. Y al ser contratados bajo el esquema de servicio administrado “incrementaron el volumen de servicios, lo que encarece los contratos”, además de que “se determinaron pagos no justificados por 179 millones 56 mil pesos”.
Asimismo la ASF detectó que con los servicios contratados “el instituto presentó niveles bajos con brechas de vulnerabilidad importantes”.
“Cazacorruptos”
Al recibir el informe de la Auditoría Superior de la Federación los diputados federales se pronunciaron en diversos sentidos.
La diputada de Morena Inés Parra mencionó que la ASF “debe ser una instancia ‘cazacorruptos’ y detallar cuántas denuncias de hechos promueve, integra y ha procesado”.
Y añadió: “La ASF es vital para el combate a la corrupción y la impunidad”.
A su vez la diputada perredista Mónica López afirmó que “los informes individuales sobre la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 son la muestra más clara de que el gobierno federal sigue realizando las malas prácticas que tanto criticó de otras administraciones”.
Refirió que dentro de los resultados de las auditorías destaca que el Instituto de Salud para el Bienestar “tiene pendiente la transferencia a las unidades médicas y prestadoras de servicios médicos por 324 millones de pesos, una situación incongruente ante la evidente carencia y deterioro del sector salud, donde se hicieron múltiples denuncias de la inoperancia del mismo”.
La diputada Gloria Romero, del PAN, urgió a la ASF a “mejorar la fiscalización y la rendición de cuentas ya que en lo que va de esta administración hay evidencias de subejercicios y sobreejercicios, sobre todo en la administración central, que dejan abierta la puerta de la corrupción”.
Por su lado la organización México Evalúa y la Escuela de Gobierno y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey presentaron el estudio La ASF y la fiscalización superior en tiempos de mayorías, en el que afirman que el Plan Anual de Auditorías 2020 se ajustó a la baja: “Se harán menos auditorías que las originalmente planteadas; 29% menos que las realizadas para la Cuenta Pública 2018. Una explicación de estos ajustes sería muy conveniente”.
Asimismo reprochan que la ASF no auditó los contratos relacionados con el aeropuerto que se construía en Texcoco.
Edna Jaime, representante de México Evalúa, consideró que a “una obra tan señalada y controvertida” se debió aplicar una auditoría de desempeño que “serviría para encontrar irregularidades que impliquen corrupción”.
Añadió que otras obras que debieron ser auditadas son la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya: “La ASF nos ha quedado a deber desde hace tiempo”.