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Foto: Ibarra Bajaras
30 junio, 2020
Redacción
Finanzas

Estrategia fiscal frente al impacto de Covid-19 en las empresas

Es fundamental que las empresas encuentren la manera de mantener la liquidez

“Aprovechar los beneficios que las mismas leyes sindicales establecen para que a través de ellas puedan subsistir las empresas”

Además del impacto en la salud que el Covid-19 ha registrado en la población mexicana, otro problema es, sin duda, el impacto financiero que las medidas contra esta pandemia ha ocasionado. El cierre de negocios, la cuarentena, la detención de labores y los problemas en importación y exportación, son algunos de los puntos que más han perjudicado al sector empresarial.

Diversos estudios indican que los sectores más afectados serán el comercio, los restaurantes, el transporte, principalmente aéreo, y el turismo. Debido a esto será fundamental que las empresas en este rubro encuentren la manera de mantener la liquidez ya sea por medio de programas gubernamentales, renegociación de acuerdo o pagos y apoyos del sector privado.

Una propuesta en cuanto a estrategia fiscal la ofrece el despacho jurídico Ibarra Barajas.

En entrevista para Vértigo Isaac Maximino Ibarra Barajas, director general de este bufete, señala que la “empresa, como persona moral, también debe de adaptarse a los cambios, particularmente con los retos que han surgido a raíz de la pandemia por coronavirus”.

—¿Ante la actual situación que enfrentan las empresas en México, que posible plan de ayuda se pueden elaborar para este sector?
—Realmente el panorama se antoja delicado. De manera principal el problema que van a tener o que ya tienen las empresas, en cuanto a sus obligaciones tributarias, consiste en que los pagos provisionales que realizan cada mes por concepto de impuesto sobre la renta (ISR) se calculan conforme a un coeficiente de utilidad que se generó el año pasado. Esto es, de acuerdo a la utilidad que tuvo una empresa el año fiscal anterior se calcula y se saca un porcentaje y es lo que arroja los pagos provisionales.

Pero ahora hay que entender que obviamente la situación financiera que tuvieron las empresas el año pasado no se compara con la que tienen actualmente, toda vez que la actividad económica se ve reflejada en la ausencia casi total o disminución considerable de ingresos en la mayoría de las empresas.

Por ello, expresa, “al calcular los pagos provisionales que tienen que hacer de acuerdo a ese coeficiente de utilidad, pues realmente se vuelve algo casi incosteable. De ahí que entonces muchas empresas estén teniendo dificultades para cumplir con sus obligaciones”.
Por otro lado, “no solo es la cuestión de impuestos sino también el lado laboral. La reducción de ingresos afecta también los salarios que deben seguir pagando.

Entonces entre la carga tributaria que tiene y los costos sociales que implican los pagos de cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y sin tener un ingreso fijo parecido al que han tenido en otros ejercicios fiscales, innegablemente esto viene preocupando a todos los empresarios”, agrega.

—¿Qué es entonces lo que deben o pueden hacer las empresas parar mermar esta situación?
—Nosotros vislumbramos como una alternativa, primero que nada, realizar contratos y convenios con los trabajadores. Ello debido a que la reducción en los ingresos obliga a reconsiderar, mediante la celebración de contratos y convenios con los acreedores de la persona moral, las fechas oportunas de pago y los montos a cubrir.

Es decir, comenta, “que un trabajador acepte por escrito en un convenio percibir un poco menos de salario, en cuyo convenio debe especificarse claramente entre otros puntos la disminución del salario, si una vez pasada la emergencia y la empresa se recupera se reintegra la cantidad, etcétera”.
Se considera, dice, “necesario hacer un buen convenio para que la empresa no vaya a tener problemas en el tema laboral por demanda y con independencia de esto el pago al Seguro Social. Esto ayudará a superar la situación y no disminuir la cantidad de empleos respetando los derechos laborales”.

Por otra parte, “en lo que se refiere a los impuestos se pueden crear alianzas entre empresas precisamente para aprovechar las que tengan beneficios fiscales en empresas que vengan con pérdidas al momento de apoyarse. Esto no necesariamente es una fusión ya que es difícil pensar que las empresas se lleguen a fusionar, pero sí alianzas entre ellas”, indica.

—¿Existe un marco legal para ello?
—A partir de 1993, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, se estableció el decreto de las empresas integradoras cuyo motivo fue prepararse para la globalización. Recordemos que en esa época fue cuando se impulsó la globalización, se abrió México al comercio exterior y para poder competir con empresas extranjeras se dieron estos beneficios y se generó esta figura de empresa integradora.

Como su nombre lo indica, “integraba a empresas más o menos del mismo ramo o que fueran semejantes en servicios y bienes que comercializaban y esta empresa integradora podía facturar a nombre y cuenta de las demás consolidándose y obteniendo una mayor fortaleza para competir con los mercados internacionales. Ahora sería una excelente opción que empresas semejantes pudieran unirse para fortalecerse y poder afrontar esta crisis que ya está resintiendo la mayoría de los comercios, añade.

—¿Que recomendaciones se deben llevar para hacer este tipo de alianza?
—Hay que ser muy cuidadosos, sobre todo porque en algún tiempo se abusó de esta figura de las empresas integradoras, que de hecho fueron parte del detonante para la reforma fiscal penal tan agresiva que se dio recientemente. Esto porque estas empresas en vez de buscar el objetivo común que era fortalecerse y el poder competir de tú a tú contra una situación más fuerte que lo que podían hacer por separado, empezaron a facturar situaciones manipuladas y esto vino a provocar un quebranto en la hacienda pública que hasta hoy hemos visto las consecuencias tan graves que ha tenido.

Entonces hay “que tener mucho cuidado, hay que demostrar que efectivamente se están haciendo estas alianzas entre las empresas para poder subsistir y que efectivamente se están llevando a cabo sus operaciones. Hay que tener atención también para los temas de competencia. Estos probablemente se podrían blindar a través de estudios de precios de transferencia, para que se observe que las operaciones entre estas empresas están siendo totalmente legítimas y se están realizando del mismo modo en que se realizarían con cualquier otra, sin que haya necesariamente partes relacionadas y con esto dar transparencia a esta alternativa”, expresa.

—¿El gobierno es parte de este plan de ayuda fiscal para las empresas?
—Este plan que estamos proponiendo no es por parte del gobierno, es una estrategia que nosotros como despacho estamos formulando con las empresas como una medida de apoyo, pero esto es en la iniciativa privada y no implica un plan de apoyo gubernamental como tal.

Por medio de nuestra asesoría es que velamos porque esto tenga un plan con el más estricto marco jurídico, precisamente para no caer en los supuestos de operación simulada o defraudación fiscal, hay que ser muy cuidadosos y muy puntales en esto.
“Una estrategia no debe estar basada en el no pago de obligaciones, esto de ninguna manera es legal ni es ético proponer, más bien es aprovechar los beneficios que las mismas leyes sindicales establecen para que a través de ellas puedan subsistir las empresas”, dice.

—¿Qué opina de la devolución del Impuesto al Valor Agregado que está realizando el gobierno?
—Esta medida es trascendente y se observa como un apoyo real por parte del gobierno a las empresas. ¿Por qué? Porque normalmente la tramitación de impuestos lleva un periodo un tanto prolongado, dependiendo sobre todo de la cantidad que se pretenda solicitar en devolución. Entonces lo que esta haciendo el gobierno es ofrecer el agilizar el trámite de devolución, lo cual puede solventar los lapsos inmediatos que urgen ahora a las empresas.

Normalmente un trámite de una devolución puede tardar meses, pero ahora estamos viendo que puede tardar un mes y, por supuesto, es un gran apoyo a las empresas. Pero insisto, hay que tener mucho cuidado, porque el hecho de que solicitemos una devolución y esta se conceda no implica que la autoridad haya aceptado que sea procedente.

Es más, “las facultades de comprobación de la autoridad para verificar que esta devolución sea procedente está abierta y de llegar a demostrarse que no era procedente, aún habiéndose efectuada la devolución, vendría una fuerte sanción económica administrativa y luego un tema penal”, finaliza.