Ciudad de México, México, 14 de septiembre. El alcalde de la localidad de donde desaparecieron 43 estudiantes en 2014, su jefe de policía y otras 18 personas más implicadas en este caso fueron absueltas de participar en los hechos por falta de pruebas, según determinó un juez federal.
Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión de la Verdad que investiga la desaparición de los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, lamentó la decisión del juez Samuel Ventura Ramos y confió en que la Fiscalía General de la República apele lo que llamó “este desafortunado acto de impunidad”.
Según la notificación firmada por el magistrado y a la que tuvo acceso la agencia The Associated Press, un total de 20 personas, entre ellas el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su jefe de policía, Felipe Flores, fueron absueltas del delito de “secuestro agravado” de los estudiantes “al no haberse acreditado los elementos de los delitos enunciados”.
La absolución de Abarca por ese delito previsiblemente no implicará su liberación porque está siendo procesado por otros cargos.
Encinas denunció que el mismo juez que absolvió a Abarca, “uno de los principales involucrados en la desaparición de los muchachos” fue también quien “liberó a 77 presuntos perpetradores implicados en la desaparición de los estudiantes”.
Esas liberaciones se debieron en parte a que desde 2016 fueron prosperando los amparos de los detenidos por los errores e inconsistencias en los primeros días de recopilación de pruebas, según los críticos. Además, en junio de 2018, un tribunal colegiado echó por tierra toda la investigación federal porque, según dijo, “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la Procuraduría General de la República” y ordenó reponerla.
Aunque a casi ocho años de la desaparición de los estudiantes todavía no está claro cuál fue su destino, en lo único que coincidieron tanto la administración anterior -cuyo fiscal general está siendo procesado por desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia— como la actual es que fueron atacados y capturados, entre otros, por policías locales de Iguala, que estaban bajo el mando de Abarca.
La Comisión de la Verdad para el caso, en un informe divulgado en agosto, dijo que se trató de un “crimen de Estado” organizado “desde el más alto nivel del gobierno”, que alteró las escenas del crimen y ocultó no sólo los vínculos de autoridades con el grupo delictivo sino también la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y de impartición de justicia en la desaparición de los estudiantes.
Además, señaló problemas en el poder judicial, ya que el caso está repartido en 28 causas penales de siete estados del país y fallos en la coordinación con la Fiscalía General de la República.