“Semestre desolador para el periodismo en las Américas": SIP

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) presentó sus conclusiones al cerrar su Reunión de Medio Año en formato virtual, denunciando un incremento en el último semestre en agresiones, encarcelamiento y exilio forzado contra periodistas, así como ataques contra medios de comunicación, acoso judicial, estigmatización y un saldo de 15 asesinatos de periodistas. También la reunión trató con urgencia la necesidad de asegurar la sostenibilidad de los medios en la pospandemia.
La SIP también destacó en ese período la toma de dos diarios en Venezuela y Nicaragua y restricciones al acceso a la información.
Consulte las conclusiones, informes, resoluciones y discursos en este enlace: https://www.sipiapa.org/notas/1215025-2022-reunion-medio-ano
Algunas de las conclusiones de la Reunión de Medio Año, realizada del 19 al 21 de abril, son:
En los últimos seis meses fueron asesinados 15 periodistas (10 en México, tres en Haití, uno en Guatemala y otro en Honduras). Trece de ese total, en los tres primeros meses de 2022.
La impunidad de esos delitos sigue siendo preocupante. Este año prescribirán nueve casos de asesinatos contra periodistas ocurridos en 2002 en Colombia.
En Cuba, Nicaragua y Venezuela, periodistas y medios de comunicación son con inusitada frecuencia víctimas de la persecución y represión de gobiernos totalitarios.
Las agresiones incluyen el encarcelamiento de ocho comunicadores: seis de Nicaragua –tres reporteros y tres directivos de La Prensa– y dos de Cuba. Otros 77 periodistas fueron forzados al exilio: 75 de Nicaragua y dos de Cuba.
La SIP aprobó una resolución sobre Nicaragua, en la que 27 organizaciones de prensa nacionales e internacionales asumen un plan de acción para restaurar las libertades de prensa y expresión como garantías esenciales para restablecer la democracia en esa nación centroamericana.
La prensa independiente sufre allí persecución sistemática, opresión y censura generalizada, atrocidades derivadas del secuestro de los poderes públicos y de la demolición de las estructuras de la sociedad civil:
“El gobierno encarceló a opositores, persiguió a disidentes, cerró organizaciones de la sociedad civil, expulsó a periodistas y confiscó universidades y medios de comunicación”, sostiene la resolución al exponer algunas de las atrocidades perpetradas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.