Bogotá, Colombia, 1 de agosto. El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez fue sentenciado el viernes a 12 años de prisión por una jueza que lo halló culpable de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, en un inédito fallo de primera instancia que podrá ser apelado por su defensa.
A su vez la magistrada Sandra Heredia le dio el beneficio de la prisión domiciliaria en reemplazo de la pena de cárcel, pese a que el abogado defensor del expresidente había solicitado que fuera dejado en libertad mientras se espera el fallo en segunda instancia de otro tribunal.
Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010, se declaró inocente durante el primer juicio a un expresidente colombiano y aseguró que nunca buscó sobornar testigos o engañar a la justicia, por lo que considera que su caso es una “persecución política”.
La jueza concluyó el lunes —cuando dio a conocer la sentencia pero sin la pena— que Uribe instigó a un abogado para manipular a tres exparamilitares con ofrecimientos de dinero o beneficios penales para que declararan a su favor y negaran cualquier presunto vínculo del expresidente con esos grupos ilegales. Sin embargo, lo absolvió por un caso de soborno a una exfiscal condenada por corrupción.
Horas antes de la lectura de la sentencia Uribe escribió en la red social X que estaba preparando la argumentación para sustentar su apelación. Aseguró que en momentos de crisis hay que “pensar mucho más en la solución que en el problema”.
La fiscalía —que lo acusó en el proceso— había pedido una pena de 9 años, mientras la defensa solicitó que pudiera continuar defendiéndose en libertad mientras espera el fallo de segunda instancia.
El expresidente, líder del partido Centro Democrático, continúa generando una marcada admiración entre una parte de la población que defiende su legado político y un fuerte rechazo en otra que lo señala de haber permitido en su gobierno graves violaciones a los derechos humanos como las ejecuciones extrajudiciales, por lo que el fallo en su contra generó un pulso político.
El caso inició en 2012 cuando el senador de izquierda Iván Cepeda denunció en el Congreso los presuntos vínculos de Uribe con grupos paramilitares, los cuales siempre ha negado el expresidente, por lo que decidió demandar por difamación a Cepeda.
La Corte Suprema cerró en 2018 el caso contra Cepeda y, en un giro inesperado, abrió uno contra Uribe para investigar si el expresidente estaba intentando manipular testigos para que declararan a su favor.
El exmandatario estuvo dos meses en arresto domiciliario en 2020 por orden de la Corte Suprema de Justicia mientras avanzaba la investigación en su contra. Sin embargo, recuperó la libertad cuando Uribe —entonces senador— renunció a su escaño en el Congreso y el proceso penal pasó a la fiscalía, que años después terminó por acusarlo formalmente dando inicio al juicio en el que fue condenado.