Buenos Aires, Argentina, 30 de julio. Después de que una dolorosa derrota en el Mundial diera paso a lo que muchos argentinos consideraron una ola generalizada de odio contra su país, el presidente argentino Javier Milei firmó un decreto de emergencia que faculta al gobierno a negar el ingreso o expulsar a extranjeros que inciten a la discriminación o la violencia contra los argentinos por su nacionalidad.
La medida añade nuevos motivos a la ley migratoria de Argentina, lo que permite que las autoridades impidan el ingreso, deporten y revoquen visas a personas que se determine que han promovido el odio contra los argentinos en declaraciones orales o escritas, o que hayan profanado símbolos nacionales.
"Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable", manifestó la oficina del presidente. "Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país".
La decisión supone un marcado giro para un país que, durante mucho tiempo, se ha enorgullecido de recibir inmigrantes. La Constitución de Argentina fomenta explícitamente la inmigración y, durante décadas, el país ha ofrecido a los extranjeros amplios derechos civiles y un acceso relativamente fácil a la residencia legal, la educación pública y la atención sanitaria.
La oficina de Milei presentó el decreto como una respuesta a semanas de críticas de celebridades, aficionados rivales y usuarios de redes provocadas por decisiones arbitrales controvertidas que alimentaron la especulación de que la FIFA había inclinado el torneo a favor de los campeones vigentes y la superestrella Lionel Messi.
Las condenas a aficionados argentinos ocasionalmente agresivos y al juego brusco del equipo en el campo pronto se ampliaron hasta convertirse en ataques contra la sociedad argentina en su conjunto, lo que amplificó críticas de larga data según las cuales los argentinos se consideran cultural y económicamente superiores a sus vecinos latinoamericanos. Peticiones en línea para expulsar a Argentina del Mundial reunieron cientos de miles de firmas.
La reacción se intensificó cuando jugadores y miembros del cuerpo técnico de Argentina se vieron involucrados en una trifulca después del partido con sus rivales españoles tras la final del Mundial.
Ayer, la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, inició procedimientos disciplinarios contra la Asociación del Fútbol Argentino por el altercado, así como por presuntos insultos racistas y mala conducta de aficionados. Los jugadores también enfrentaron una investigación de la FIFA por exhibir una pancarta en la que se afirmaba el reclamo de Argentina sobre las Islas Malvinas (conocidas como Falkland en inglés), controladas por Reino Unido, después de la victoria del equipo sobre Inglaterra en semifinales.
Milei, un aliado cercano del presidente de Estados Unidos Donald Trump, ha descrito el aluvión de críticas como una "campaña antiargentina". La semana pasada, sin aportar pruebas, alegó que los gobiernos de izquierda de Brasil y México, así como el Partido Demócrata de Estados Unidos, habían financiado el esfuerzo para estigmatizar a Argentina con el fin de desacreditar a su gobierno libertario.
Sus acusaciones e insultos desencadenaron una crisis diplomática con el vecino Brasil, que retiró a su embajador en Argentina el fin de semana pasado.
En el decreto de este día se indica que los castigos no se aplican al desacuerdo ideológico ni a la crítica política, académica o cívica protegida por la Constitución de Argentina.
Pero deja sin respuesta cómo distinguirán los funcionarios la expresión protegida del discurso de odio prohibido, si las autoridades migratorias revisarán la actividad de los extranjeros en redes sociales y con qué rigor se aplicarán las nuevas facultades contra turistas y residentes de larga data.