Washington, Estados Unidos, 5 de junio. La Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó una demanda de diez mil millones de dólares que México presentó contra los principales fabricantes estadunidenses de armas de fuego, acusándolas de fomentar la violencia de los cárteles.
El fallo unánime desestimó el caso bajo las leyes de Estados Unidos que en gran medida eximen a los fabricantes de responsabilidad cuando sus armas de fuego se utilizan en delitos.
Fabricantes de renombre como Smith & Wesson apelaron ante los jueces después de que un tribunal inferior permitió que la demanda avanzara bajo una excepción para situaciones en las que se acusa a las empresas de violar la ley.
Pero los jueces determinaron que México no presentó un argumento plausible de que las empresas hubieran permitido conscientemente el tráfico de armas hacia el país. “No señala, como lo hacen la mayoría de las reclamaciones de complicidad, ninguna transacción criminal específica que los acusados (supuestamente) hayan asistido”, escribió la jueza Elena Kagan en la opinión del tribunal.
México pedía a los jueces que permitieran que el caso se desarrollara, diciendo que aún estaba en sus primeras etapas.
Consultada sobre el caso durante su conferencia de prensa diaria, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum señaló otra demanda que el país presentó en 2022 contra cinco tiendas de armas y distribuidores en Arizona. “Son dos juicios”, dijo. “Vamos a ver cuál es el resultado y les informamos”.
El caso que la Corte Suprema desestimó comenzó en 2021, cuando el gobierno mexicano presentó una demanda de gran envergadura contra algunas de las mayores empresas de armas, incluidas Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock.
México tiene leyes estrictas sobre armas y solo cuenta con una tienda donde las personas las pueden comprar legalmente. Sin embargo, miles de armas son introducidas de contrabando por los poderosos cárteles de drogas del país cada año.
El gobierno mexicano afirma que al menos el 70% de esas armas provienen de Estados Unidos. La demanda alega que las empresas sabían que las armas se vendían a traficantes que las introducían de contrabando en México y decidieron aprovechar ese mercado.
Las empresas rechazan las acusaciones de México, argumentando que la demanda del país no demuestra en absoluto que sean responsables de que relativamente pocas personas usen sus productos para cometer actos de violencia.
Un juez estadunidense desestimó la demanda bajo una ley de 2005 que protege a las empresas de armas de la mayoría de las demandas civiles, pero un tribunal de apelaciones la revivió. El Tribunal Federal de Apelaciones del 1er Circuito en Boston determinó que caía bajo una excepción a la ley de protección para situaciones en las que se acusa a las empresas de armas de fuego de violar conscientemente las leyes en sus prácticas comerciales.
Esa excepción ha surgido en otros casos, incluidos en demandas derivadas de tiroteos masivos.
Las familias de las víctimas del tiroteo masivo de 2012 en la Escuela Primaria Sandy Hook en Newtown, Connecticut, por ejemplo, argumentaron que se aplicaba a su demanda porque el fabricante de armas violó la ley estatal en la comercialización del fusil AR-15 utilizado en el tiroteo, en el que murieron 20 niños y seis educadores.
Las familias finalmente aseguraron un acuerdo histórico de 73 millones de dólares con Remington, el fabricante del rifle.
El fallo de la Corte Suprema no parece afectar casos similares, señaló David Pucino, director legal del Giffords Law Center to Prevent Gun Violence. “Todos los sobrevivientes, en Estados Unidos, en México y en cualquier otro lugar, merecen su día en la corte, y continuaremos apoyándolos en su lucha por la justicia”, aseguró.